Bruselas descarta medidas urgentes por la escalada de precios de la luz
La Comisión Europea se desmarca de las exigencias de España y Francia, y pasa la pelota al tejado de los estados Ribera se revuelve contra la UE: “Sus propuestas son incongruentes”
Tras semanas buscando una solución a la escalada de precios de la energía, con España y Francia a la cabeza de los países que piden acciones urgentes y excepcionales, la Comisión Europea (CE) presentó su paquete respuesta, sin novedades inmediatas pero con margen para una mayor creatividad a futuro. “En el corto plazo, los estados miembros son los que están en mejor posición y equipados. Nuestras reglas aún permiten, y de hecho animan, a los estados a tomar medidas”, resumió la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.
La UE importa el 90% del gas que consume, que representa el 25% del mix energético comunitario y se refleja después en el mercado mayorista de la electricidad a través del sistema marginalista y, en menor medida, en la factura de la luz que pagan los consumidores, donde también entran costes de distribución, tasas e impuestos. El precio del gas se ha multiplicado por seis en el último año y la electricidad en el mercado mayorista por dos, si bien los precios venían de un suelo excepcionalmente bajos ante la caída de demanda por la pandemia.
Bruselas asegura que hay suficiente gas para pasar este invierno, pues las reservas de los países europeos están al 76% respecto a la media del 90% habitual en este período del año y el ritmo de recarga avanza rápido. El Ejecutivo comunitario confía, además, en que el pico de precios pasará en abril, cuando previsiblemente empiece a operar el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania.
Moscú ha manifestado su intención de enviar más gas a la UE y, aunque la CE cree que “se podría esperar un incremento de suministro” de la gasística rusa, los mercados han empezado a calmarse. Con todo, Bruselas entiende que la carestía de ese hidrocarburo es temporal y, aunque espera precios a futuro más altos que la media de la pasada década, cree que esto debe funcionar como “una llamada de atención”.
La carestía del gas supone un incentivo para acelerar el despliegue de fuentes renovables, de forma que se reduzcan los costes energéticos y la dependencia externa, en línea con la estrategia europea para descarbonizar la economía en 2050. Esto se traduce en que Bruselas considera que los estados miembros de la UE pueden reaccionar con “f lexibilidades existentes dentro de las directivas existentes” al volátil incremento de precios.
La caja de herramientas que ofrece el Ejecutivo agrupa las opciones ya que están a disposición de las capitales según la legislación vigente, como quería Alemania, y no contempla “medidas excepcionales para situaciones excepcionales”, como reclama España con apoyo de Francia, entre otros.
Bruselas propone que los países brinden apoyo de emergencia a los consumidores vulnerables, por ejemplo mediante “cupones” energéticos, el pago parcial de sus facturas o aplazando temporalmente los pagos o a través de reducciones impositivas, y sugiere que se proporcione “ayuda a empresas o industrias, de conformidad con las normas de la UE sobre ayudas estatales”. Lanza también un aviso a las empresas energéticas, señalando que la CE investigará “posibles comportamientos anticompetitivos en el mercado” y que tendrá “tolerancia cero” ante cualquier “manipulación”.
España ha planteado crear un sistema de compras conjuntas de gas, siguiendo el espíritu del modelo de compra comunitaria de vacunas, pero la Comisión ya estudió esa posibilidad en el pasado y sus beneficios no parecían evidentes. Aun así, Bruselas acepta reabrir el debate de las compras mancomunadas, pero favorece la vía de crear reservas comunitarias
de gas similares a las que ya existen para la gasolina.
Al hilo de la posición de Bruselas, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, aseguró que las propuestas de la CE para combatir los precios de la energía son “manifiestamente incongruentes” y no abordan “la excepcionalidad de la situación”. Ribera consideró “llamativo” que la CE reconozca en su paquete respuesta “ser consciente del impacto económico que tiene para la industria, para la economía y para las familias europeas la evolución del precio del gas”, y, sin embargo, presente propuestas que “no dejan de ser manifiestamente incongruentes”.