LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UN PROBLEMA SOCIAL
LA resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas n. 54/134, aprobada el 17 de diciembre de 1999, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Aquella iniciativa fue apoyada por la práctica totalidad de los países miembros de la Organización. En Europa, fue España quien propuso el apoyo de todos los países miembros de la Unión Europa al proyecto. En la reunión europea para el seguimiento de los compromisos adoptados en Pekín, convocada en Madrid (1998), por el Gobierno español, durante la presidencia austriaca y con su apoyo, todos los países europeos aprobaron la iniciativa que se presentó en Naciones Unidas.
Además de alentar a todos los actores y organizaciones a realizar actividades de sensibilización de la opinión publica, sobre el grave problema de la violencia contra las mujeres, la resolución incluyó una definición consensuada, que se ha utilizado como falsilla en numerosos países y legislaciones.
De acuerdo con la propuesta de Naciones Unidas y reiterando el articulo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, por “violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
La iniciativa española era consecuencia del trabajo realizado en 1997, con tres hitos importantes:
–La aprobación del III Plan de igualdad de mujeres y hombres, para el periodo 1997/2000, que por primera vez en nuestro país, incluyó un área de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
–La realización de una macro encuesta para contar con los datos reales sobre la situación de la violencia contra las mujeres en nuestro país y adoptar las medidas necesarias para erradicarla.
–El inicio de la elaboración del I Plan de violencia contra las mujeres, aprobado en España, en 1999.
Además de las medidas específicas, que fueron propuestas en el comunicado conjunto, firmado por todos los países de la Unión Europea, los esfuerzos también se centraron en considerar la violencia contra las mujeres como un problema social. Esta lectura implicaba superar la tradicional consideración de la violencia contra las mujeres, como un problema del ámbito privado. La afirmación del problema social, llevó consigo la convicción de que era necesario la involucración de todos los actores sociales.
Desde entonces, las medidas en nuestro país se han incrementado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad española. La formación de todo el personal involucrado en los procesos de violencia contra las mujeres; la elaboración de protocolos adecuados para el tratamiento de los casos de violencia; las medidas en educación; las reformas para facilitar el acceso al empleo y consecuentemente la autonomía económica de las mujeres; las campañas de sensibilización y un largo etcétera, han movilizado a toda la sociedad.
El debate posterior sobre si era más efectivo contar con medidas de política pública o con leyes específicas se tradujo unos años más tarde en la aprobación unánime de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Precisamente por tratarse de un problema social, la crítica más clara a las últimas decisiones españolas es precisamente la de haber politizado dicho problema.
La igualdad de mujeres y hombres no es patrimonio de ningún partido político. Lamentablemente la politización del debate hace un flaco servicio a muchas mujeres que siguen siendo víctimas de violencia en la actualidad.
Quizás una de las líneas de trabajo más efectiva para los próximos años es la de fomentar la conversación, el diálogo y la tolerancia entre las posiciones políticas para dar respuesta a un problema que afecta a las mujeres, al margen de su posición. En definitiva, reclama el recordatorio de lo que se incluyó en el comunicado conjunto de los países europeos, en 1998, en Madrid: “La violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz; y viola y menoscaba el disfrute por parte de las mujeres de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Como señalara Martin Luther King, “la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”. Y por ello, hace falta elaborar medidas para erradicar la violencia, pero también utilizar un método inclusivo, en el que toda la sociedad española al margen de su visión política asuma la responsabilidad de erradicar un problema que afecta a toda la sociedad española.