Borrell avala que el delito de sedición “no desaparece”
una sentencia del Tribunal General, probablemente de manera ilegal”, pues la Eurocámara “nunca ha recibido notificación” de que Puigdemont y los otros eurodiputados de Junts per Catalunya (JxCAT), Toni Comín y Clara Ponsatí, pudieran ser parlamentarios.
Los tres eurodiputados accedieron al escaño con el permiso del ex presidente del Parlamento David Sassoli, después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, dijese que la condición de eurodiputado se adquiere tras la proclamación de los resultados de las elecciones europeas. Por tanto, “el Parlamento, en realidad, tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes. Y ha tratado también de manera totalmente correcta el suplicatorio de suspensión de inmunidades”, señaló Lorenz.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pidió en cambio la anulación del suplicatorio argumentando que se trata de un caso de “persecución política” y prueba de ello, señaló, es la reforma del delito de sedición que ha propuesto el Gobierno de España y tramita
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y ex ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se pronunció ayer sobre la derogación del delito de sedición, sosteniendo que “se le cambia el nombre, pero la esencia no desaparece”, y subrayó que lo que se hace es organizar mejor la separación de delitos contra el orden constitucional y contra el orden público. “Se deja claro las actuaciones que tienen una raconoce
ya el Congreso de los Diputados. “Es público y notorio que varios ministros españoles importantes y el propio presidente del Gobierno, el señor (Pedro) Sánchez, han estado diciendo estos últimos días que el cambio en la legislación es para obtener la entrega del señor Puigdemont a España”, afirmó Boye. “¿Cuántos casos conocen sus señorías del cambio del Código Penal en un Estado miembro para obtener una extradición? Yo sólo conozco éste”, continuó el abogado de Puigdemont.
La abogada del Estado, Andrea zón de ser política y las que tienen una alteración del orden público”, que pueden tener más motivaciones más allá de la política, aseguró en una entrevista en La 2 y Radio 4. También afirmó que en Cataluña “se está comenzando a entender” que para cambiar las cosas se debe hacer cambiando las leyes, en referencia al actual Gobierno de Pere Aragonès, pero lamentó que para ello haya tenido que haber el proceso independentista. Explicó Borrell que no
Gavela Llopis, negó en cambio que exista persecución política porque el sistema jurídico español es “garantista”.
Según dijo, el Tribunal Supremo emitió las euroórdenes contra los eurodiputados huidos a Bélgica para “posibilitar” su “presencia en el proceso penal” por unos hechos “muy anteriores” a la celebración de las elecciones europeas. Y “de acuerdo con el Derecho español aplicable, no se ha podido ni concluir el sumario, ni se ha podido efectuar el enjuiciamiento sin la presencia de los en persona a Aragonès, pero que está a su disposición, y también subrayó que no conoce personalmente al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tras lo que descartó pronunciarse sobre su inmunidad y defendió que los jueces europeos deberán decidir sobre esto. Avisó de que en la guerra de Ucraniana puede haber un enquistamiento como a su juicio ha ocurrido en el caso de Corea del Norte y Corea del Sur.
recurrentes, precisamente, por ser un sistema garantista que establece esta exigencia en interés del derecho de defensa de los demandantes”, añadió Llopis.
Boye defendió también la anulación del suplicatorio argumentando que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que analizó la petición del Supremo, el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez, no fue imparcial durante el proceso, ya que forma parte de un partido que ha mostrado “hostilidad” a los líderes independentistas.