“El legislador cree que la Justicia no es rentable” Javier Chaparro
● Defiende su independencia del Gobierno y reclama una reforma que ponga de forma nítida en manos de los fiscales las investigaciones
Álvaro García Ortiz nos cita justo a la hora en que termina el España-Costa Rica del Mundial, pero confiesa que sus aficiones van por otros derroteros. “No sé ni cómo ha quedado el partido... ¿Contra quiénes jugábamos?”, pregunta el fiscal general del Estado.
–Es una semana ajetreada tras la ley del sólo sí es sí. ¿Hubiera sido evitable con una mejor redacción de la norma?
–No me corresponde poner calificativos. La Fiscalía hace una valoración jurídica de la ley, porque es preceptivo que pase por el Consejo Fiscal, al igual que por el CGPJ y el Consejo de Estado, y hacemos apreciaciones técnicas. En este caso nos hemos encontrado con que la aplicación de la norma daba lugar a la revisión de condenas, como ocurre siempre que hay una modificación de este tipo, y nos hemos puesto a ello.
–La Fiscalía General del Estado (FGE) ha aprobado un decreto que rechaza rebajar las penas si los delitos siguen vigentes en la ley del Ha servido para aclarar bastante el debate.
–Valoramos si era necesario un decreto clarificador porque era evidente que había una demanda de compañeros que debían pronunciarse en cada una de las causas. Al final nos decidimos por un decreto porque la Fiscalía se guía por el principio de unidad, tiene que hacer lo mismo en todos los sitios de España: no por capricho del fiscal
sólo sí es sí.
general, sino porque eso garantiza la igualdad de la ley y que todos los ciudadanos reciban el mismo trato.
–Los jueces son más libres.
–Es diferente. Cada uno es libre de tener su propio criterio hasta que la juridisprudencia no unifique las decisiones. Desde la Fiscalía se hizo un trabajo serio, riguroso, porque entendíamos que podía haber varias interpretaciones de la modificación del Código Penal, todas respetando principios constitucionales, especialmente, la no retroactividad menos favorable. Cabían dos interpretaciones: una más favorable a las víctimas y otra menos.
–O al reo.
–Favorable al reo siempre va a ser porque el principio constitucional así lo establece. En esa vía, se tomó la decisión evidente de favorecer a las víctimas siempre que podamos.
–¿Lo de “jueces machistas” y “fachas con toga”, a qué le suena?
–Ni quiero ni debo entrar a valorar esas manifestaciones. El ejercicio de la función jurisdiccional es muy complicado.
–Aun así, hay que esperar a que el Supremo se pronuncie sobre la interpretación de la norma.
–Es como funciona el sistema: los fiscales proponemos a los tribunales dentro de las posibilidades de nuestra línea de acción. En este caso, hemos propuesto una alternativa muy clara: interpretemos la norma de la forma más favorable a las víctimas. Y ahí está. En este país deciden los tribunales.
–¿Ha mantenido como fiscal general algún contacto con el Gobierno para tratar esta polémica y aprobar el decreto?
–No. El fiscal general del Estado es autónomo plenamente. La única demanda que hemos tenido es la lógica de los hechos y la lógica de la norma. Ha sido una norma de aplicación muy rápida: se aprueba el 7 de septiembre, entra en vigor el mes siguiente y es a partir de ahí cuando podemos medir las consecuencias. –Otra cuestión polémica es la supresión del delito de sedición.
–Está todavía en el Parlamento. Lo normal es que, cuando haya un texto definitivo, si es que lo hay, veamos qué consecuencias puede tener en cada uno de los procesos. Lo mismo puedo decir sobre la posible modificación del delito de malversación. No es lo mismo un qué, un cómo, un cuándo en un tipo penal que en otro. Son temas complejos cuyo estudio exige mucha dedicación. –Fue elegido a propuesta del Gobierno. En el CGPJ recibió 12 votos a favor, del bloque progresista, y 7 en contra, del conservador. –No, no... Progresistas no eran 12, eran bastantes menos (risas).
–Bueno, de acuerdo. ¿Usted es y se siente independiente?
–Absolutamente, pero no porque lo sienta, sino porque tenemos una legislación que blinda al fiscal general del Estado frente a posibles injerencias del Gobierno. Que el jefe del Ejecutivo nombre al fiscal general del Estado no significa que esté bajo el mandato del Giobierno. Es la Constitución la que determina la forma de elección. Hay otra cosa que se dice muy poco: al fiscal general del Estado no lo puede destituir el Gobierno. Una vez nombrado soy libre de seguir mi propio criterio.
–El PP lo acusó de ser “la mano derecha, mano izquierda y alter ego” de su predecesora, la ex ministra Dolores Delgado, y Vox, de ser de izquierda radical. Usted no se da por aludido.
–He trabajado con mucho orgullo a las órdenes de Dolores Delgado, que me parece que fue una buena fiscal general del Estado. En la elección participan los tres poderes del Estado: el candidato es designado por el Ejecutivo, se somete a lo quieran decir los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia y a lo que estime el Poder Judicial sobre los requisitos de legalidad, que no de idoneidad. Esos tres filtros se han pasado y hay poco más que decir.
–¿Cambiaría el sistema de elección para que no dependiera del presidente del Gobierno?
–No sé si tengo la capacidad de cambiar la Constitución. El fiscal general del Estado es elegido por el Gobierno, pero no tiene capacidad
En la interpretación de la ley del ‘sólo sí es sí’, hemos tomado la decisión evidente de favorecer a las víctimas”
para variar su sistema de elección. Todos los fiscales generales hemos sido elegidos por ese modelo.
–Delgado fue ministra de Justicia antes y no es el único precedente. ¿Qué independencia puede tener una persona con ese perfil cuando decide sobre cuestiones que afectan al Gobierno o al partido del que formó parte?
–Hay que explicar también que la Fiscalía no funciona con órdenes del fiscal general del Estado en causas concretas.
–No hay correa de transmisión.
–No, es más complicado. En España hay 6.213 fiscales, magníficos profesionales cualificados y juristas de primer nivel. Todos saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. El Estatuto orgánico de la Fiscalía tiene sus propios contrapesos, de tal forma que cuando se diese una orden contraria a la ley a los derechos se activarían mecanismos de discrepancia. Y no le quede la menor duda de que si Dolores Delgado o yo hubiéramos dado una orden contraria al ordenamiento jurídico, de los 6.213 fiscales, 6.212 habrían levantado la mano.
–La renovación del CGPJ sigue pendiente.
–Es una anormalidad democrática. Va a doblar el periodo que está acordado en la ley para su renovación y es algo que debe ser corregido. Hay qué ver por qué se está produciendo este bloqueo.
–¿Comparte el dicho de que la Justicia es la parte pobre de las administraciones?
–La Fiscalía siempre demanda más medios y siempre los pide. Hacemos informes muy serios sobre plantillas y necesidades y los elevamos a los órganos correspondientes. Ellos toman las decisiones en función de cómo quieren ordenar este país.
–¿Se siente atendido o es una causa perdida?
–Siempre vamos a demandar más. El legislador, como ocurre en otros países, cree que la Justicia no es rentable. Y no es así, es uno de los elementos más rentables en un país democrático. El gasto en Justicia en España es mejorable, no sé el porcentaje que representa sobre el PIB, pero seguro que es muy bajo. Naturalmente que necesitamos más recursos, aunque si usted le hace esta pregunta a un médico, a un profesor, a un señor que se dedica a hacer carreteras o a un jubilado le dirán que sí, que se necesita más dinero para sus sectores o para las pensiones.
–En Algeciras, con la carga de trabajo derivada de macrocausas con centenares de encausados por narcotráfico, contrabando, blanqueo... hay 22 fiscales y 13 funcionarios. Las cifras son insuficientes.
–Por eso aquí se aumentó el número de fiscales y por eso se ha pedido que haya más. Las necesidades, que son muchas en el Campo de Gibraltar, también son muchas en el resto de España. La Fiscalía General del Estado distribuye los recursos, pero no puede llegar a más.