La reforma del delito de sedición salva los vetos hacia su aprobación
● PSOE y Unidas Podemos, junto a sus socios, rechazan todas las enmiendas a la totalidad
La reforma para derogar el delito de sedición coge impulso después de que la mayoría del Congreso, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados parlamentarios, rechazase ayer las enmiendas a la totalidad al texto, que seguirá su camino con el objetivo de aprobarse antes de que acabe el año.
El pleno de la Cámara Baja tumbó las enmiendas de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP a la propuesta de cambio legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que busca convertir el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados con rebaja de 15 a cinco años de la pena máxima y que contempla ocho de inhabilitación.
En una sesión extraordinaria y sólo una semana después de que el Congreso aprobase de madrugada tramitar la iniciativa, en el hemiciclo se volvieron a oír las mismas críticas de la oposición al Ejecutivo por un texto que, en palabras del PP, se ha hecho “al dictado” de los políticos condenados por el
Pero también volvieron los reproches de grupos como la CUP y Junts por considerar que la propuesta amenaza la protesta pacífica, un riesgo advertido por sindicatos y Amnistía Internacional.
En un hemiciclo casi vacío y con la bancada azul del Gobierno vacía durante el debate, el diputado popular Carlos Rojas llegó a pedir sin éxito a los socialistas que rompiesen la disciplina de voto para apoyar su enmienda a la totalidad, que aboga por mantener el delito de sedición y castigar los referendos ilegales.
Su discurso no hizo mella en el PSOE, cuyo portavoz, Felipe Sicilia, acusó al PP de “enfrentar a unos catalanes contra otros” y de no haber entendido “que España es un país plural y diverso”.
Desde Unidas Podemos Jaume Asens reivindicó una propuesta que busca “arreglar el conflicto” frente a un PP que respondió con “autoritarismos”, “cárcel” y “golpes
de porra” a “un movimiento pacífico que pedía respeto”.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, directamente sugirió a los independentistas que “renuncien a la nacionalidad española” y pidan la de “Corea del Norte, Cuba o Venezuela”, y alertó de un “efecto llamada” en el que incidió la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que dijo que “el separatismo lo volverá a intentar” y acusó al Gobierno de “ponerse de lado” de quienes cometieron “un golpe de Estado”.
Frente a las críticas al texto por poner en riesgo la movilización pacífica, ERC lanzó un mensaje de calma al quedar “aún la tramitación” para mejorar una iniciativa que consideró un logro para el independentismo. Su portavoz, Carolina Telechea, dejó claro que su objetivo sigue siendo la amnistía y la autodeterminación, frente a los reproches de Junts, que la acusó de “aceptar todo lo que (Pedro) Sánchez les pone encima de la mesa”.
Superados los vetos, la proposición de ley pasará ahora al trámite de las enmiendas parciales, momento en el que ERC previsiblemente aprovechará para reavivar el debate sobre la modificación del delito de malversación.
La idea es que todo eso se resuelva con rapidez y pueda pasar a su debate y aprobación por el pleno del Congreso en la semana del 19 de diciembre para su remisión al Senado.