Sedición y claudicación
LA reforma del delito de sedición impulsada por el Gobierno y que ya tiene el aval del Congreso para su tramitación es, se mire por donde se mire, una claudicación del Estado ante los que hace sólo unos pocos años intentaron romper el orden constitucional. No lo es tanto por el contenido de la norma y su posible adaptación a estándares de otras democracias de Europa como porque se realiza por una única razón: la exigencia de las fuerzas separatistas a las que Pedro Sánchez ha confiado la estabilidad de la legislatura y el mantenimiento de su mayoría. No hay ninguna otra justificación para acometer un cambio legislativo para el que no había ningún tipo de demanda social. Estamos, pues, ante otro episodio en el que se gobierna al dictado de partidos que no comparten los principios básicos de la cohesión nacional y que son enemigos abiertos de la Constitución. Pasó lo mismo hace sólo unos días con la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y el traslado de sus competencias a la Policía Foral. Lo grave no es que este hecho se produzca: esta situación se da ya en Cataluña y el País Vasco sin que ello haya supuesto especiales problemas. Lo preocupante es que se hace porque lo exige, para facilitar la aprobación de los Presupuestos, una fuerza política que presume de su cercanía a los que hasta hace pocos años sembraban España de muerte y sufrimiento. Aunque la reforma del delito de sedición va a tener consecuencias inevitables sobre los mecanismos de defensa del Estado, hecha en otro contexto político este cambio legislativo tendría una lectura completamente diferente. Pero la cultura política que ha impuesto Sánchez en esta legislatura ha sido la de la claudicación a cambio de la estabilidad. Esta circunstancia es la que ha marcado su gestión y la que condiciona ya inevitablemente cualquier análisis que se haga de su trayectoria.
La reforma del delito de sedición se hace exclusivamente por la exigencia de los socios del Gobierno y sin que exista demanda social para ello