Inversiones a la vista en instalaciones deportivas locales

Los trabajos de reforma para homologar la pista de atletismo de El Picacho acaban “en una semana”

A los trabajos de reforma que se están efectuado actualmente en la pista de atletismo de El Picacho se sumarán otras inversiones del Ayuntamiento y la Diputación en instalaciones deportivas de la ciudad, según ha informado el alcalde.

Víctor Mora ha comunicado que las tareas destinadas a la homologación de dicha pista concluirán “la próxima semana”. El coste de estas mejoras asciende a 100.000 euros. También en El Picacho se han invertido 8.000 euros en la resiembra del césped del campo de fútbol.

Por otra parte, el alcalde ha anunciado que “en las próximas semanas” se instalará césped artificial en la pista deportiva de El

de prevaricación, malversación y falsedad documental.

El objeto de las presentes actuaciones consiste en la “presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas y abonadas desde el año 2008 al 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en favor de la mercantil Aglomerados Morell S.A”, dice el juez Vilaplana, que señala que “el importe de estas supuestas subvenciones graciosamente concedidas por la Junta de Andalucía, ascienden, al menos, a la suma de 3.288.522,66 euros, habiendo tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de compromisos financieros y laborales de la empresa, tales como el pago de nóminas pendientes y el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores (no afectados por ERE alguno) de Aglomerados Morell, mediante la financiación de un seguro de rentas”.

Dice el juez que la empresa, ubicada en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, tenía por objeto social la fabricación de productos de corcho y como administradores mancomunados de la sociedad al momento de concesión de las ayudas figuraban los investigados Jorge Andrés M. V. y su hijo Luis M. M., “quienes habrían conseguido el otorgamiento de unas supuestas subvenciones públicas, de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración

concedente mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad, y de espaldas del procedimiento legalmente establecido”.

Esto fue así, prosigue Vilaplana, pese a que la Junta de Andalucía habría de disponer de subvenciones y ayudas públicas amparadas en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Decreto 254/2001 de 20 de noviembre, reglamento por el que se regulaban los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas Públicas por la Administración de la Junta y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones; normativa que fue “deliberadamente soslayada con el natural concurso de los aquí investigados”.

Además, la empresa se encontraba en el año 2006 en “quiebra técnica”, según se desprende de la “memoria justificativa de la finalidad pública e interés social de la ayuda concedida”, realizada por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, ya que sus fondos propios eran negativos y su deuda total era superior al activo. “No obstante lo anterior, en el ejercicio 2007 su cuenta de pérdidas y ganancias arrojó un beneficio de 2.314.319,39 euros, por lo que a través de una ampliación de capital recupera su estabilidad cubriendo los resultados negativos de años anteriores. En el año 2008, los resultados siguen siendo buenos; sin embargo y pese a tener solvencia y garantía frente a terceros, no cuenta con liquidez para afrontar los pagos a corto plazo, adeudando determinadas retribuciones salariales y manteniendo deudas con proveedores y entidades bancarias”.

Sobre la presunta participación en los hechos de Antonio Rivas, el juez señala que en el marco de las distintas piezas de la causa matriz del caso de los ERE “se habrían constatado indicios solventes de que en su calidad de delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Empleo, habría de ser perfecto conocedor del ilícito sistema de concesión de ayudas excepcionales y sociolaborales que, en orden a financiar irregularmente –con total ausencia de fiscalizaciones y controles– procesos de reestructuración de plantilla de sociedades y empresas (ERE), estaría siendo ejecutado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo”.

En particular, añade, “habría de conocer dicha ausencia de controles pues”, consta en otra de las piezas que Rivas habría remitido a Jesús María Bordallo, de la mediadora Vitalia.