GUARDERÍAS, situación límite
● Propietarios y propietarias de centros de Educación Infantil piden encarecidamente la subida del IPC a la Junta “para poder sobrevivir” ● Retrasos en los pagos, burocracia extrema y desinformación, sus quejas
Los centros de educación infantil no pueden más. Desde hace meses vienen denunciando la grave situación que están padeciendo, insistiendo al gobierno autonómico en que revise el IPC, pues entienden que desde la última subida en 2020, justo antes de la pandemia, todo se ha encarecido notablemente.
Desde la última revisión, tal y como reconocen estos centros, “los costes laborales han subido un 20,60% y los gastos de funcionamiento, un 17,41%, sin embargo el importe del precio de la plaza no ha variado. Nuestra situación es insostenible”.
Son las palabras de un grupo de propietarios/as de este tipo de centros con negocios en Jerez, Sanlúcar y El Puerto, negocios que se encuentran al límite y que, de no variar la situación, se verán forzados a cerrar a corto plazo, simplemente “porque no podemos más”.
Su lucha contra la decisión de la Consejería comenzó hace más de un año, a través de la Plataforma Ticei 0-3 años, que engloba a 400 centros en toda Andalucía, una lucha que seguirán defendiendo “porque es lo más justo”.
Para llegar a esta situación límite, los centros de educación infantil, las antes llamadas guarderías, luchan contra varios frentes. El principal es el estancamiento del precio de la plaza, que lleva sin actualizarse desde 2020. A su juicio, “se está incumpliendo la ley porque según la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, en el punto 1 del artículo 25, el importe público deberá establecerse a un nivel que, como mínimo, cubra el coste total de la prestación del servicio, y eso no está ocurriendo”.
Además, el artículo 26, en su punto 4, recoge que “el importe de los precios públicos podrá ser objeto de revisión cuando varíen los costes de servicio, actividad o la entrega del bien. Viendo esto, nos están variando el coste del servicio y lo dice la ley, por eso vamos a llegar hasta el final”, advierten.
Es más, la plataforma, tras realizar el recurso de reposición, espera tener contestación por parte de la Junta, “antes del 25 abril, y si no tenemos nada, nos iremos directamente al juzgado porque hay una ley que dice que se debe subir el IPC”.
Pero su particular lucha afecta también a otros aspectos que, según aseguran, “van minando nuestra moral”.
Uno de ellos es el retraso en los pagos de los procedimientos, es decir, el periodo (normalmente cada dos meses) en los que el centro puede inscribir a más alumnos. “Cuando dependíamos de Bienestar Social, cada niño que se matriculaba, se pagaba a mes vencido, y ahora cada dos o tres meses. A mí me han entrado en enero varios y ya no me pagan hasta abril o mayo”, explica una de las propietarias.
Lo mismo ocurre con las mensualidades que “es un sinvivir. Hasta el 2020 nos pagaban los días 20 pero ahora no sabemos. El mes de diciembre muchos de nosotros no cobraron hasta el día 31 y a algunos les llegó el 1 de enero. Imagínate cómo vivimos. Estamos en un estado de tensión constante. Yo estoy medicada porque está todo tan ajustado que al final vives asustada”.
“No sabes si te van a pagar o no, si te va a entrar el dinero para pagar los seguros sociales, si va a venir una inspección...Es horrible”, interpela otra.
Los responsables de estos centros tienen claro que la administración “mantiene las casas de las familias con nuestro bolsillo, porque nosotros estamos en medio. Ellos van colocándose las medallas, diciendo que dan plazas escolares a todos los tramos de edad, pero no piensan que el que está por medio, no cobra lo que tiene que cobrar”.
“Hemos llegado a una situación en la que no podemos ni cerrar, porque no tenemos dinero para liquidar a nuestro personal. Ahora mismo, la mayoría de nosotros está manteniendo puestos de trabajo, y manteniéndoles las plazas a ellos, porque encima, luego no podemos utilizar las plazas que quedan libres. Mis plazas son suyas pero usted sólo me paga la que estén cubiertas. Todo eso sin contar con los gastos de gestión que tenemos que hacer en cada procedimiento. Sólo nos lo pagan la gestión en el procedimiento extraordinario”.
Entre las quejas de este colectivo está también los impagos del mes de agosto, otra petición que vienen reivindicando en los últimos años. “Nos obligan a mantener al personal durante los doce meses del año, pero luego ellos sólo nos pagan 11, el mes de agosto no nos lo pagan y corre a cargo nuestro, igual que las pagas”.
LA GRATUIDAD, EN DUDA
Tampoco defienden la gratuidad del servicio, algo a lo que hizo mención la consejera Patricia del
Pozo en la útima comisión de educación. “Está muy bien para las familias, pero para nosotros no, no nos beneficia. Nosotros pedimos que suban el IPC sin que repercuta a las familias porque el IPC es para poder subsistir”.
Del mismo modo, consideran que este hecho, la gratuidad, “no es como lo pintan, piensan que con esa medida van a venir más niños a los centros y no es así. En mi caso, -apunta una de las propietariastengo el centro lleno y no llego a final de mes. La gratuidad para nosotros es la muerte”.
Para demostrar esta afirmación, la plataforma ha realizado esta última semana un estudio sobre cómo ha incidido esta medida en otras comunidades. Así, según relatan, en Galicia, donde se ha implantado en este curso, “se han matriculado un 56%, mientras que el curso pasado lo hicieron el 49,9%”.
“En La Rioja, en este último curso, se ha pasado del 33% al 45,6%, o sea, que no es cómo lo pintan, por no hablar de Canarias en la que la gratuidad no ha aumentado la tasa de escolarización, sino que ha bajado, ya que el año pasado tenían un 23,4% y este curso no pasan del 22,8%”.
Para ellos, “la gratuidad es un arma de doble filo, porque el problema principal es que la natalidad está bajando y eso, al fin y al cabo, también nos afecta a nosotros porque nuestros ingresos serán más bajos”.
En su opinión, “nos venden la gratuidad pero es que hoy por hoy, el 80% de los niños que vienen a nuestros centros están bonificados al 100%. ¿De que nos sirve a nosotros la gratuidad?, ¿para un 20%? Yo tengo 36 familias y a día de hoy sólo me pagan 10, el resto están bonificadas al 100%, con lo cual es un tema engañoso, no es como nos lo quieren vender”.
COUTAS OBLIGATORIAS
Entre las reivindicaciones que también hacen es la de las cuotas de las familias, cuotas que “deben ser obligatorias”.
“Que las familias se lleven a los niños a mitad de curso, sobre todo a los que tienen dos años que al año siguiente entran en los colegios, nos cuesta el dinero. En la matrícula pone explícitamente que es de septiembre a julio, pero claro, si se van antes, eso no te lo pagan y al final los gastos son para nosotros. Las familias están obligadas a cumplir lo que firman porque si se va a tener una bonificación y una ayuda de la Junta de Andalucía, si no se cumple, deberían devolver el dinero. Imagínate la situación nuestra si de golpe se te van veinte niños”.
Con el proceso de escolarización a la vuelta de la esquina, los centros lamentan también la falta de información a estas alturas del curso. “En unas semanas se abre el periodo para reservas de plazas, pero a día de hoy no sabemos nada. Los padres nos preguntan y nos quedamos con cara de tontas y eso al final, da una imagen muy mala, porque la gente vive ajena a todo esto. Cuando llega a tu negocio y tú no sabes nada, la que quedas mal eres tú. Sin ir más lejos, hace poco nos pusieron unas jornadas formativas, pero al final las cancelaron y hasta entonces no hemos sabido nada más. Lo que estamos haciendo es ‘te pudo informar de lo que tenemos actualmente’, pero eso al final, nos afecta a nosotros”.
Otra de sus ‘guerras’ diarias tiene que ver con las denominadas ludotecas, algo que se viene arrastrando desde hace años. “No tienen las misma infraestructura, ni les exigen lo mismo que a nosotras pero les dan la misma ayuda, el modelo 233, cuando son centros ilegales. Nosotros tenemos unos requisitos, una inspecciones y ellos no. ¿Qué ocurre? Que las familias hoy día miran el coste, y como les sale más barato, les da igual, prefieren pagar 100 euros, que es lo que pagan, y quedarse con ellos. Hasta que un día pase algo”.
Con la calculadora en mano a diario para ver cómo terminan cada mes, las profesionales insisten que la situación es “insostenible”, y ofrecen otro dato llamativo. “Nuestras plazas les cuesta a la Junta 320 euros, y las plazas de los centros públicos, 999, creo que no estamos pidiendo tanto”.
Su última medida, las cartas que han enviado a la Ministra de Educación y al presidente de la Junta. “Ojalá sirva para algo, no podemos seguir así, y el futuro es complicado porque no podemos ahorrar nada”.