Los expertos en Derecho urgen la trasposición de directivas de la UE
■ El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Universidad de León acogen ayer y hoy el I Encuentro de Acadmémicos sobre Ciberseguridad y Derecho, que reúne a expertos de un buen número de universidades españolas y otras extranjeras con el objetivo de realizar «un análisis profundo» sobre las urgencias normativas» en materia de tecnología y comunicaciones. Bajo la dirección de la catedrática de Derecho Administrativo Mercedes Fuertes, el encuentro «vuelve a convertir a León en el epicentro del primer encuentro de académicos expertos en regulación en el ámbito de la ciberseguridad, en un momento en el que Europa y España están formulando el mayor volumen de legislación dirigido a proteger a los ciudadanos». Así lo señaló el director general del Incibe, Félix Barrio, que incidió en que durante el encuentro «se debatirá cuáles son los principales retos que tenemos para la ciudadanía, la protección de los menores, las ciberguerras,... Y cómo es más conveniente enfocar esos cambios legales».
Un encuentro que tiene previsto ampliar en próximas ediciones la participación internacional, y consolidar el liderazgo de la Universidad de León en el ámbito de la ciberseguridad «también desde el punto de vista académico.
Mercedes Fuertes señaló que «la prioridad ahora es que se incorporen las directivas europeas para fortalecer la protección de
La Universidad centra ahora el debate sobre las exigencias normativas en materia de ciberseguridad
las entidades críticas y de la seguridad de las redes. El plazo está fijado en el 17 de octubre. Me gustaría que el Gobierno avanzara, porque si no hay confianza en la integridad de la información y las comunicaciones todo se desmorona». La catedrática destacó que el Incibe es «uno de los centros de referencia en ciberseguridad a nivel europeo», y artífice de que este tipo de encuentros de debate jurídico internacionales puedan celebrarse.
Por su parte Barrio insistió en que la directiva europea de seguridad en las redes y sistemas de información establece que España tiene que trasponer en su legislación la designación de nuevos operadores. «Incibe tiene un rol creciente».
Protección a ciudadanos y menores y defensa frente a las ciberguerras son problemas prioritarios