Una semana de juicio, menos terrorismo y más sombras
Las sesiones de la primera semana del juicio sobre el caso Alsasua han servido para ratificar que la agresión a dos agentes de la Guardia Civil en un bar de la localidad no fue un acto de terrorismo. Tampoco hubo premeditación organizada ni linchamiento. Fue una discusión de madrugada con alcohol y fiesta de por medio que derivó en una pelea en la que los dos agentes y sus parejas fueron agredidos y golpeados por varias personas por ser guardias civiles. La tipificación penal de esos hechos en ningún caso encaja en un delito de terrorismo por mucho que se intente mantener, pese a todo, esa idea fuerza del montaje policial, judicial y mediático que se construyó después desde Madrid al margen de los informes iniciales de la Policía Foral, de la propia Guardia Civil y de la Audiencia Provincial de Navarra. Ni el entonces ministro Fernández Díaz ni quien era comandante de la Guardia Civil en Navarra hablaron de terrorismo. Fue la visita del entonces director general de la Guardia Civil Fernández de Mesa –un tipo de historial e ideas peligrosas–, el hecho que da un giro de 360 grados al caso, trasladando la instrucción a la Audiencia Nacional y a la Guardia Civil de Madrid y tergiversando lo ocurrido para tratar de dar cobertura a la acusación de terrorismo. Se afina poco a poco todo para que las piezas puedan aparentar encajar y prejuzgar el caso saltándose cualquier procedimiento garantista de una justicia democrática. Eso no se sostiene en un Estado de Derecho. Y describir falsamente a Alsasua como una localidad invivible e irrespirable. Aún en eso continúan hoy los medios intoxicando a la opinión pública española lo ocurrido en el juicio cada día. Escuchar los programas de telebasura y las tertulias en radio y televisión, donde las mentiras y el desconocimiento de los hechos de los que se habla se cotizan al alza, es una muestra más de que el derecho democrático y constitucional a una información veraz y a una opinión rigurosa ha pasado en muchos medios a mejor vida. El juicio también ha dejado claro que lo ocurrido aquella noche tiene una responsabilidad penal para sus autores, pero no es terrorismo. Será en todo caso, si se prueba en el juicio, un delito de atentado a la autoridad –por mucho que a esa hora y tomando alcohol los agentes no parece que estuvieran ejerciendo autoridad alguna–, y de lesiones para quienes lo hubieran protagonizado. Porque ni eso está claro. Esta semana de juicio ha dejado en evidencia también irregularidades en la identificación de los acusados a los que en ningún momento se les ha respetado la presunción de inocencia –desde las ruedas de reconocimiento a la identificación con imágenes de los Servicios de Información de la Guardia Civil–, y errores en la descripción y presencia en el lugar de varias de las personas sentadas en el banquillo. También irregularidades en la transcripción de las declaraciones de los acusados y de los testigos en los atestados. Y un baile de no admisiones y de admisiones de pruebas de la defensa que apuntan a una alarmante indefensión. No sé qué dirá la sentencia, pero antes o después la Justicia tendrá que adaptar sus decisiones a la realidad de los hechos, a la evidencia de las pruebas y la proporcionalidad penal. ●