ENTIDADES DEL TERCER SECTOR CUESTIONAN AHORA LA GESTIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES
Piden que el proyecto de Fundación pública que defiende Laparra sea “consensuado y dialogado”● Afirman que no valora los “daños” técnicos y económicos que se les produce
PAMPLONA – Entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector, gestoras en algunos casos de servicios sociales, cuestionan el proyecto del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, de publificar determinados servicios encomendando la gestión de éstos a una Fundación pública. Las entidades adscritas a Red de Lucha contra la Pobreza, Cermin, Cocemfe, REAS, a las que se suman casi una veintena de asociaciones han firmado un manifiesto en el que consideran necesaria su colaboración con el Gobierno de Navarra, creen ser merecedoras de que la decisión de crear esta Fundación pública sea “al menos consensuada y dialogada”, y entienden que no se han valorado los daños que, desde las ópticas técnicas y económicas, se producirán en sus organizaciones.
En su manifiesto, que contiene ocho puntos, las entidades del Tercer Sector firmantes, ven con “preocupación” la “falta de información, negociación y diálogo que el Gobierno de Navarra está mostrando para la toma de decisiones que afectan de manera directa a las entidades sociales”.
Respecto a la publificación de servicios sociales, señalan que “difícilmente se puede publificar algo que siempre ha sido y es de titularidad pública, aunque su gestión efectivamente –reconocen– se haya llevado de manera indirecta”. Opinan, no obstante al respecto, que “la Fundación pública que se propone crear no es sino otro modelo distinto de gestión indirecta”.
Consideran las entidades que “la calidad de los servicios que fuese asumiendo esta fundación poseería un escaso margen de mejora”. Recuerdan en este punto su “dilatada experiencia, desarrollando programas en constante proceso de innovación” y que “es alta” la satisfacción de la Administración y de la ciudadanía con los servicios que presta gracias a la profesionalización de “nuestros equipos profesionales”.
ECHA POR TIERRA SU LABOR Para las entidades firmantes, “el coste económico que la asunción de servicios públicos supondría al conjunto de la ciudadanía sería presumiblemente, superior al coste actual de los mismos”, ya que las entidades consideran que con el tiempo han conseguido crear sinergias que ha abaratado el coste de los programas, “sinergias que difícilmente alcanzara la nueva Fundación”. Añaden que “prácticamente” en su totalidad, “somos organizaciones sin ánimo de lucro y, por lo tanto, en caso de obtener algún margen por la gestión de algún servicio, este ha de revertir obligatoriamente en la mejora del propio servicio”. Asimismo, aseguran que la actividad económica de sus entidades sociales es “totalmente transparente, garantizando un adecuado gasto público”.
Las entidades del Tercer Sector consideran que la propuesta de crear una Fundación pública para gestionar servicios sociales “no tiene en cuenta el daño causado a las entidades afectadas. “Un daño importante”, aseguran, en la parte técnica y en la económica. En la técnica “porque vemos arrebatado un conocimiento y metodología desarrollada a lo largo de muchos años de buen hacer que de un día para otro son perdidos por las entidades y pasan a la Administración sin compensación ni reconocimiento”.
En la económica ya que “la pérdida de ingresos causada puede causar importantes ajustes en las entidades con reorganizaciones que podrían afectar al resto de profesionales de las entidades, a los otros programas sociales gestionados y en consecuencia repercutiendo en los medios con los que se atiende a las personas con y por las que trabajamos”.
Les preocupa a las entidades que la asunción de servicios por una Fundación “aun sin crear, de la que no tan siquiera se ha definido su estructura ni nombrado sus líderes, podría echar por tierra el trabajo y el esfuerzo desarrollado por nuestras entidades durante años”, más teniendo en cuenta, añaden, que el proyecto podría ir mutando en función de los progresivos cambios de Gobierno.
Como consecuencia de todo lo apuntado, consideran que “se nos hace difícil percibir el beneficio de una decisión tomada bajo el argumento de recuperar la gestión pública de unos servicios sociales que nunca han dejado de ser propiedad de la Administración”. Por ello piden que se abra un periodo “de pausada reflexión y verdadera participación antes de tomar una decisión de tanta importancia”.
Por último, las entidades exigen “no ser utilizadas por los distintos grupos políticos como arma arrojadiza para defender intereses partidistas” y afirman que algunas noticias publicadas “afectan gravemente a la imagen pública del Tercer Sector”. ●