SÁNCHEZ RECUPERA LA SANIDAD UNIVERSAL QUE EL TC TUMBÓ A NAVARRA
● Pese a la medida, la Comunidad Foral ha seguido atendiendo a inmigrantes en situación irregular ● El Gobierno garantiza que devolverá la tarjeta sanitaria en el Estado a 800.000 extranjeros sin papeles
PAMPLONA – La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se reunirá en la última semana de junio con los consejeros autonómicos del ramo para abordar de “forma conjunta” el proceso de recuperación de la asistencia sanitaria universal, paso previo a derogar la reforma sanitaria.
De este modo, el Gobierno central recupera una iniciativa que Navarra ha defendido desde su origen ya que fue en 2013, a iniciativa de los grupos entonces en la oposición al Gobierno de UPN, cuando el Parlamento aprobó una ley foral para garantizar la atención sanitaria universal y gratuita a todas las personas, incluidas aquellas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. Esta norma foral fue recurrida por el Estado al Tribunal Constitucional a instancias del PP, tribunal que falló en contra de la pretensión navarra el pasado mes de febrero.
Esta circunstancia, no obstante, no ha impedido que Navarra haya garantizado durante estos años la atención a las personas inmigrantes con medidas vinculadas a ayudas de servicios sociales y sanitarios y que haya liderado un movimiento interautonómico en este sentido, máxime aprovechado por el titular de Salud, Fernando Domínguez, como representante de las autonomías en el Consejo Interterritorial de Sanidad.
Ayer, en un comunicado, el ministerio que dirige Montón explicó que la ministra ha presentado en el Consejo de Ministros “la hoja de ruta” para marcar los pasos a seguir en este proceso en el que contará también con la opinión de la los agentes sociales, la sociedad civil, asociaciones, y sociedades científicas y profesionales. Según Sanidad, el primer paso se ha dado con la convocatoria de la comisión delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará el próximo 20 de junio, con el único punto del orden del día: la universalidad en el Sistema Nacional de Salud.
RECURSO DEL GOBIERNO CENTRAL Volviendo a la situación en Navarra, cabe recordar que el pleno del Tribunal Constitucional estimó el pasado febrero el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la norma navarra y declaró inconstitucional la ley foral aprobada en 2013 por el Parlamento de Navarra por la que se reconoce a las personas residen- tes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de la Comunidad foral.
La ley aprobada por el Parlamento foral establecía que “todas las personas con residencia en Navarra tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público de la Comunidad Foral de Navarra, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, cualquiera que sea su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa”.
El Gobierno central recurrió esta norma y declaró la suspensión cautelar de la misma. El Gobierno de Navarra, no obstante, nada más conocer la resolución del Constitucional afirmó que garantizaría la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular dentro del ejercicio de sus propias competencias, “respetando el marco constitucional”. En este sentido, Navarra activó una medida complementaria a las de Derechos Sociales para que ninguno de los más de 5.000 inmigrantes en situación irregular que viven en Navarra en situación de vulnerabilidad social y económica se queden sin atención gratuita, evitando, de paso, una sobrecarga de Urgencias ya que es el único camino que les dejaba la legislación estatal.
Mirando precisamente al Estado, el consejero Domínguez anunció también en abril que intentarán llevar este punto a la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud que aglutina a todas las autonomías y la Administración Central.
El Constitucional consideró que la ley foral regula un ámbito que es de competencia estatal, priorizando la condición de no nacionales de los favorecidos con la medida (que es de competencia estatal) por encima de la sanitaria (que es competencia navarra). La sentencia se dictó con dos votos particulares.
SEIS SEMANAS En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, advirtió de que es un asunto “extraordinariamente importante” para toda la sociedad y de “decencia política”. Celaá explicó que la reforma sanitaria se aprobó a través de un Real Decreto en abril de 2012, con lo que el Gobierno tendrá que elaborar uno nuevo para dejarlo sin vigencia, cuyo texto podría estar listo en seis semanas para su aprobación por el Consejo de Ministros. Después, según explicó, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.
De esta forma, el Gobierno central devolverá la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular, decisión celebrada por colectivos sanitarios, ONG y organizaciones que trabajan con inmigrantes. ●