Alsasua o la ‘Ínsula Barataria’

La lectura del recurso del fiscal José Perals contra la sentencia de la Audiencia Nacional en el que insiste en que los hechos de Alsasua deben ser tipificados como terrorismo y no como desórdenes, lesiones y atentado a la autoridad es un compendio del conjunto de despropósitos que ha rodeado este caso. Perals, como ya hiciera en su alegato final en el juicio contra los ocho jóvenes de Alsasua, describe una situación social imaginaria en la que el temor y la imposición de un “pensamiento único excluyente” son impuestos por una minoría a todos sus habitantes. Una Alsasua tan imaginaria como la Ínsula Barataria de Sancho Panza y Alonso Quijano. Si todo este caso ha sido un despropósito desde su inicio y un cúmulo de decisiones y actuaciones desmedidas y desproporcionadas, el recurso de la Fiscalía es una contribución más a intentar sostener a la desesperada una versión oficial viciada que tiene que ver más con el montaje policial, mediático y judicial inicial que con los hechos que las investigaciones, las informaciones y el propio desarrollo del juicio han demostrado. Por si fuera poco, Perals nos ofrece la última versión de la desaparición definitiva de ETA. En contra de lo que llevamos años escuchando, ETA no desaparece por la actuación de las Fuerzas de Seguridad, por la firmeza de jueces y fiscales, por la unión sin fisuras de los partidos políticos y por la resistencia de la sociedad, sino por la puesta en marcha del procedimiento judicial contra los jóvenes de Alsasua tras una posible agresión a dos agentes de la Guardia Civil en un bar a altas horas de la madrugada. Este es el nivel. El señor fiscal obvia, por supuesto, que las sesiones del juicio desvelaron contradicciones, errores, irregularidades y muchas sombras sobre sus tesis y sobre la instrucción de la juez Lamela. En realidad, el juicio y la pruebas desmontaron el montaje, pero Perals se obceca en mantener su irreal interpretación –sin prueba alguna que la sustente– de los hechos. Ese recurso es una prueba más de que los ocho jóvenes no han tenido el juicio justo al que tienen derecho. Y hoy miles de personas ejercerán su derecho democrático de manifestación para exigir proporcionalidad y justicia y no alegatos políticos sin fundamento judicial. ●