Torrent denuncia a Llarena por “detención ilegal” de diputados y “prevaricación judicial”
El Parlament catalán presenta la denuncia avalada por la Mesa de la Cámara
BARCELONA – El presidente del Parlament, Roger Torrent, presentó ayer una denuncia contra el juez Pablo Llarena y otros tres magistrados del Tribunal Supremo, a quienes acusa de un “delito de detención ilegal” de diputados soberanistas y de “prevaricación judicial”.
En su escrito, dirigido a la Sala Segunda del Supremo y que consta de 45 páginas, Torrent recuerda que la Mesa del Parlament acordó el pasado 24 de abril emprender acciones legales por la actuación de los jueces en la causa abierta por el proceso soberanista, al interpretar que se ha “impedido el normal funcionamiento” de la cámara catalana.
La denuncia alude a los intentos frustrados de investir como presidente de la Generalitat primero a Carles Puigdemont –huido a Bélgica y actualmente en Berlín, pendiente de saber si la justicia alemana lo extradita a España– y después a Jordi Sánchez y Jordi Turull, que se encuentran en situación de prisión preventiva. Todos ellos han sufrido la “vulneración de sus derechos políticos”, denuncia Torrent en el escrito presentado ayer.
Según se expone en la denuncia, elaborada por los servicios jurídicos del Parlament y dirigida contra los jueces Pablo Llarena, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, se ha cometido un “delito de detención ilegal” al verse privados de libertad los diputados citados en el escrito “sin que la ley lo permita y sin mediar causa por delito”.
Incluso si hubiese mediado “causa por delito”, subraya el texto, tendría que considerarse “detención ilegal” el hecho de acordar, practicar o prolongar “cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales”.
En este caso, alega Torrent, la con- sumación del delito se habría producido “no solo en un primer momento, con la omisión de acordar la libertad inmediata de los presos una vez estos adquirieron la condición de diputados, sino también posteriormente al confirmarse la prisión provisional, desestimando las peticiones de libertad efectuadas por las defensas de los procesados”.
Una vez elegidos como diputados del Parlament en las elecciones del 21 de diciembre pasado, los investigados deberían haber sido puestos “inmediatamente” en libertad, razona Torrent, pero eso no se produjo, y “la privación de libertad devino ilegal”. “La privación del derecho al voto de los diputados y la privación de su libertad son formas radicales de ataque a la esencia misma de las cámaras, a su autonomía derivada del autogobierno de la comunidad autónoma y a su normal funcionamiento”, advierte. Torrent cree que ha habido un “ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria.
Torrent considera que las decisiones judiciales denunciadas también constituyen un “delito de prevaricación judicial”, al interpretar que Llarena ha dictado “diversas resoluciones injustas en la causa criminal por delito grave”, mientras que el resto de magistrados han emitido “voto favorable a la resolución por la que se mantuvo la prisión provisional de los diputados”.