El coste de servir al pueblo, no al capital
El proyecto urbanístico de Aroztegia en Lekaroz, Baztan, se está convirtiendo en un claro ejemplo del acoso que puede llegar a ejercer el poder económico respecto a las instituciones políticas y las autoridades municipales que no se someten a los intereses del capital. La última denuncia judicial que Palacio de Arozteguía ha interpuesto contra los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baztan –en la que me incluyo como alcalde– es una buena muestra de todo ello. En este caso se trata de una denuncia por prevaricación y malversación de fondos públicos por permitir una acampada de protesta en la plaza de Elizondo contra el proyecto de Aroztegia, que cuenta – dicho sea de paso–, con la oposición del pueblo de Lekaroz y del valle de Baztan, expresadas en sendas consultas populares.
De este modo, el acuerdo municipal ordinario de permitir una actividad en la plaza se convierte en motivo de denuncia. Acuerdo ordinario, sí, porque el Ayuntamiento ha venido permitiendo de forma habitual el uso de la plaza para cualquier tipo de actividad: ferias, bailables, conciertos, cabalgatas, actos finales de manifestaciones, encuentros evangelistas… Sin que nunca antes hubiera mediado ninguna denuncia. Prevaricación por no ser según ellos competentes en el tema y malversación de fondos públicos por no cobrar la ocupación del suelo, luz, etc. Gracias a Palacio de Arozteguía, a lo mejor el próximo año tendremos que cobrar el uso de la plaza para la cabalgata de reyes.
Esto que suena a broma es un asunto muy serio. En esta época de crisis estructural, polarización de la riqueza, precarización brutal de las condiciones laborales y de vida de los sectores populares, estamos asistiendo a una involución democrática total que puede visarse en el doble rasero judicial según la causa y los encausados, persecución de la libertad de expresión, encarcelación de raperos y twiteros, como forma de amedrentar a la población y mantener el actual estado de cosas. Ya lo escribía el poeta salvadoreño Roque Daltón: “Las leyes son hechas por los ricos/para poner un poco de orden a la explotación”. En ese orden de cosas, de criminalización absoluta de la contestación social, a falta de argumentos a favor del proyecto urbanístico, Palacio de Arozteguía intenta utilizar la justicia como ariete para acallar la oposición vecinal o institucional al proyecto. Y es que ya vamos por la quinta denuncia judicial que afecta a catorce personas, incluidos cargos electos y vecinas y vecinos del valle.
Hay que tener en cuenta que, mientras para estos promotores que invierten en fondos SICAV los gastos de cualquier procedimiento judicial son calderilla, a la gente normal y las asociaciones populares nos supone un dineral.
Un ejemplo de lo dicho es lo que le está ocurriendo a Garbiñe Elizegi, la anterior alcaldesa de Baztan, que por referirse al proyecto urbanístico como “pelotazo urbanístico” ha sufrido un calvario pues tras su condena y posterior absolución por parte del TSJN, debe hacer frente ahora a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Porque hasta cuando pierden, al ser poseedores de grandes cantidades de dinero no les importa seguir recurriendo a sabiendas de que los costes para sus opositores son mucho más graves.
De eso se trata, nos quieren acallar bajo una montaña de denuncias judiciales. Si este es el precio a pagar por ser soberanos y defender los intereses del pueblo, ¿cual será el beneficio que obtendrán los que se pliegan a sus intereses?
En esta batalla hay gente acostumbrada a los Palacios de Justicia y que tendrían muchas cosas que explicar, por ejemplo sobre el proyecto urbanístico fracasado de la Oliva en Fuertenventura, o sobre su actuación en sus campos de fresas de Lepe en Huelva –actividad que está concitando la atención de la opinión pública por las condiciones de las temporeras– o lo que pasa en sus inmensas huertas de Marruecos. Nosotros conocemos cuál es su proceder por estos lares, y el uso de su poder económico para dar palos judiciales a mansalva, a quienes defendemos el comunal y la opinión del pueblo de Lekaroz.
El poder del dinero, lo comido por lo servido. Justicia de clase. Ya lo dijo Daltón: “Cuando los pobres hagan las leyes/ ya no habrá ricos”. Mientras tanto ya pueden llover todas las denuncias que quieran, que la plaza del pueblo seguirá siendo del pueblo. ●
El autor es alcalde y presidente de la Junta General de Baztan