Aire viciado
Màxim Huerta, el Breve, dimite, o lo dimiten, de su ministerio por causa de algo tan común como haber padecido una inspección de Hacienda con resultado positivo y multa consiguiente.
Mala suerte. Hay formas y formas de tributar. Esa de los donfiguras de la vida guapa es una. Al menos es lo que decía con notable desvergüenza una socia de ese negocio mayúsculo que es la vida pública a la sombra de la actividad política. Eso sí, si no te pillan, no tributas... o menos de lo que debieras. En cambio, si te pillan, sartenazo. Algo parecido a jugar a una ruleta rusa de papel y cuenta corriente... Je suis jauría, claro; o mejor, alguien tan harto de pagar a rajatabla que cuando menos ejerce el derecho a la burla, ya que otro no le cabe. Listos y cucos, primos y palomos, esa es la cuestión, hasta racial si me apuran. Y cuando estás entre los primeros –gente que no conoce otra ideología que la de “el dinero no huele, pero sabe a gloria”–, debe de resultar muy doloroso que te defenestren o te arrojen a los leones. El trasfondo de la historia revela un sentido de la impunidad que, según los casos, va ligado al poder social, político y económico.
Por lo que respecta al otro ministro puesto en tela de juicio, Grande-marlaska, este no corre peligro alguno de ser defenestrado, no porque haya cumplido con sus obligaciones fiscales, que no lo sé, sino porque su actuación profesional relacionada con las denuncias de torturas a detenidos es ampliamente aceptada y aplaudida de manera social y mediática... y política. Todo un aviso para el disidente o el radical, y una carta de marca para quien impone el orden, por gusto y por dinero.
Está bien que se propongan acabar con las concertinas criminales de la valle de Melilla, pero hay otros asuntos de gran calado pendientes, rebabas heredadas del PP. Por ejemplo, el acercamiento de los presos a sus lugares de residencia habitual como una forma de acabar con un castigo adicional innecesario, arbitrario y cruel, tanto en el caso de presos condenados como en el de los preventivos. ¿Hay verdadera voluntad gubernamental de acabar con esa política penitenciaria propia? No se sabe, como tampoco se saben cuáles son los planes reales de los socialistas ahora en el poder con respecto a la judicatura, la inmigración, el mercado laboral, la diplomacia, la educación... Bien está que se establezca la sanidad universal, pero qué pasa con la ley Mordaza por cuya derogación venimos clamando desde antes de que se terminara de redactar, cuando solo era una amenaza...
Qué pasa con la protección del derecho constitucional a la vivienda digna que impida desahucios abusivos en beneficio de la banca –ya muy beneficiada por unos rescates millonarios que pagamos todos– o de un hampa inmobiliaria de la que no se habla. El último suicidio debería ser una llamada de atención a este gobierno que se dice socialista.
Tal vez por esa incógnita de las verdaderas intenciones del nuevo Gobierno, vaya a costar Dios y ayuda derogar la reforma laboral del PP.
OTROSÍ DIGO: que la respuesta de la masiva marcha popular de ayer tarde a la desproporcionada sentencia del caso Altsasu se comenta sola: un clamor y una muestra de una ciudadanía que no es ETA y quiere reformas políticas, entre ellas la de acabar con una justicia de excepción, plenamente ideológica. La marcha histórica no estaba sostenida en una mera cuestión de ideología, sino de conciencia, de solidaridad, de ánimo de justicia, por encima de las acusaciones de sectarismo que puedan verterse, que son de ida y vuelta cuando se arrojan, no lo olvidemos. Ahora se hace necesaria la escritura urgente de esta lamentable historia para que no se tergiverse lo sucedido, para que no se imponga una verdad falseada de manera ideológica, esta sí, gubernamental y falaz, con sentencia de por medio o sin ella, desde el inicio de la instrucción, orientada a buscar una condena muy por encima de los hechos objetivos y de las pruebas practicadas (y no practicadas), ejemplar y sobre todo vengativa. No es un caso más, sino El Caso. ●