Las acusaciones se oponen a la cuarta solicitud para excarcelar a ‘La Manada’
● Las defensas aseguran que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva ● El mismo tribunal que juzgó el caso resolverá sobre su situación en los próximos días
PAMPLONA – La Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares se opusieron ayer de forma unánime a la excarcelación de los cinco miembros de La Manada, condenados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento durante los Sanfermines de 2016, al considerar que sigue existiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, los mismos que enjuiciaron la causa, serán los encargados de prorrogar la prisión condicional –la opción más previsible– o acordar su puesta en libertad, por ejemplo, con una fianza.
Aunque las partes preveían ayer que la decisión se conocerá en un plazo de 24 o 48 horas, lo cierto es que el tribunal tiene como fecha límite para dictar una resolución el 6 de julio, dado que ese día se cumplen los dos años de privación provisional de libertad de los cinco condenados. No obstante, fuentes judiciales indicaron que el tribunal no agotará el plazo máximo y que su resolución se podría producir a finales de esta semana.
La vista para tratar la solicitud para la excarcelación de La Manada, la cuarta desde su ingreso en prisión preventiva y la primera desde que fue dictada la sentencia condenatoria, se celebró ayer a puerta cerrada en la sala 203 del Palacio de Justicia de Pamplona con la presencia de los tres miembros de La Manada que están presos en la cárcel de Pamplona: José Ángel Prenda Martínez, Ángel Boza Florido y Jesús Escudero Domínguez), mientras que el guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero y el militar Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena lo hicieron por videoconferencia desde la cárcel de Alcalá Meco.
Durante la vista, que duró 50 minutos y fue seguida desde el exterior del edificio por medio centenar de periodistas y reporteros gráficos, la fiscal Elena Sarasate y los abogados Miguel Ángel Morán (acusación particular), Ildefonso Sebastián (Gobierno de Navarra) y Víctor Sarasa (Ayuntamiento de Pamplona) rebatieron los argumentos de Agustín Martínez Becerra y de Jesús Pérez para la puesta en libertad de los condenados, al entender que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Asimismo, el abogado que ejerce la acusación popular en nombre del Consistorio pamplonés aludió a la carta abierta escrita con un “tono desafiante” por el guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero a la víctima de los abusos sexuales y recordó que la sentencia le impone un plazo de 15 años de incomunicación por cualquier medio.
RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL Martínez Becerra, que defiende a todos los miembros de La Manada con la única excepción del guardia civil, aseveró tras la vista ser “optimista”, y dijo que sólo contempla la posibilidad de puesta en libertad condicional y apuntó que, de prorrogarse la prisión provisional (otros dos años y medio como máximo), se trataría de “una pena anticipada que no cabe en el Derecho español”. Por ello, si se decide que sigan en prisión, presentarán un recurso ante el Constitucional, anunció Martínez, que se mostró convencido de que los miembros de La Manada regresarán a Sevilla, pero “por sus propios medios y no con protección policial”.
Martínez insistió en que, de los argumentos para la prisión provisional “no queda ninguno”, ya que en su opinión no hay riesgo de fuga, una vez conocida la condena a nueve años de prisión, de los que ya han cumplido dos. Además, consideró que el riesgo de reiteración delictiva es “algo absolutamente injustificable, ni tan siquiera en su planteamiento. No puede aplicarse con carácter tan restrictivo la prisión provisional”, subrayó.
En relación con la presunta agresión sexual cometida por cuatro miembros de La Manada en Pozoblanco, declaró no tener “ni la más remota idea” de lo que van a plantear el juez o las partes personadas. El letrado indicó que, en todo caso, le resulta “sorprendente” que “un asunto que se circunscribía única y exclusivamente a un vídeo y unas declaraciones, que están hechas hace dos años” se esté prolongando tanto, lo que “lleva a una situación de inseguridad jurídica injustificable”. ●