El Gobierno emprende la tercera reforma de la Constitución sin retirar la inviolabilidad del rey
El consejo de Ministros encarga un informe sobre aforamientos al Consejo de Estado y descarta derogar la Transitoria Cuarta
PAMPLONA – El Gobierno dio inicio ayer al proceso de reforma constitucional para eliminar los aforamientos con un encargo al Consejo de Estado para que elabore una propuesta que se centrará exclusivamente en los miembros del Gobierno y los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. El Consejo de Ministros daba así el primer paso para la que pretende ser tercera reforma de la Constitución desde su aprobación en 1978 que, como las dos anteriores, tendrá carácter parcial, aunque todo parece indicar que esta vez no bastará con una mayoría política sino que, si hay reforma, deberá someterse a referéndum.
La reforma, anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no abordará la cuestión de la inviolabilidad del rey, ya que solo afectará a los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. “Es importante que el rey mantenga su inviolabilidad”, defendió la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá sin más argumentos sobre el blindaje. La reforma tampoco incluirá la Transitoria Cuarta, la vía de unión de Navarra a la CAV, ya que, como explicó la portavoz tras defender que la intervención del Consejo de Estado favorece “el consenso”, el único objetivo es “reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público”.
Así, el Gobierno aún tendrá que aprobar el proyecto de la reforma constitucional tras recibir el informe del Consejo de Estado, para el que no hay plazos, y será entonces cuando lo remita al Congreso para que pueda ser aprobada en un plazo de 60 días, según calcula, “si hay voluntad de acuerdo” en las fuerzas políticas.
Por lo que respecta a los delitos de corrupción que se puedan cometer durante el ejercicio del cargo, Celaá apuntó que “obviamente” se deben sacar este tipo de delitos del aforamiento y que esa es la voluntad del Ejecutivo. Para Celaá los grupos parlamentarios no deberían tener a priori ningún veto, ya que, a su juicio, existe una “gran demanda social” para eliminar los aforamientos y se ha producido también un acuerdo político “genérico” en el Parlamento para restringir esta figura. Según defendió, se trata de que el aforamiento deje de ser “un privilegio” y sirva exclusivamente para garantizar el ejercicio de la labor constitucional de los parlamentarios y miembros del Ejecutivo.
La reacción por parte de los partidos fue, en general, crítica con este proceso. Empezando por Ciudadanos, que avisó de que los delitos de corrupción no deben formar parte del aforamiento y recordó que la moción que se aprobó el martes en el Congreso fue para eliminar ese “privilegio” ante cualquier delito. “Eso es lo que se votó, y cualquier otra iniciativa que tome el Gobierno será un fraude a esa votación”, sentenció el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, sobre la iniciativa de su grupo que salió adelante con el apoyo de PSOE y PP.
Para el PP, la propuesta de reforma de Sánchez es solo una “cortina de humo”, según sostuvo su secretario general, Teodoro García Egea. Los populares ya han manifestado esta semana que la reforma constitucional debería abordar otras cuestiones más prioritarias, como derogar la disposición Transitoria Cuarta. Pero Celaá dejó claro que la reforma es solo para modificar el régimen de aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno. Tampoco ninguna variación en la inviolabilidad del rey, cuya supresión han demandado Podemos, PNV, ERC y PDECAT, y que requeriría un procedimiento agravado, que supone disolver las Cortes.
Unidos Podemos considera que si se inicia una reforma de la Constitución debe ser para abordar también otras cuestiones como las políticas sociales, reclamó el diputado Íñigo Errejón. Otra de las peticiones de la formación es que cualquier modificación conlleve un referéndum. Celaá recordó que la reforma constitucional que inicia ahora el Gobierno es un procedimiento ordinario, aunque sí podría convocarse un referéndum si lo solicitase un 10% de los diputados.