La Fiscalía pedirá penas mínimas por rebelión para los soberanistas catalanes presos
El Código Penal fija 15 años de cárcel como condena más leve para los líderes del 1-O
PAMPLONA – La Fiscalía ultima su escrito de calificación, donde, según fuentes jurídicas, se inclina por mantener la acusación de rebelión para todos los políticos soberanistas procesados por este delito, pero no necesariamente en el margen más alto previsto en el Código Penal, que llega hasta los 25 años de cárcel para los líderes, sino más bien en el extremo contrario, que sitúa las penas en un mínimo de 15 años de prisión. Todo ello a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las pruebas solicitadas por las defensas y dicte la apertura de juicio oral. El Código Penal castiga a los que promuevan o sostengan la rebelión y sean sus cabecillas principales a penas de 15 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; a los que ejerzan un mando subalterno, con de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación absoluta durante esos años, y a los meros participantes, con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público desde 6. Desde el Govern se lanzan mensajes al Gobierno de España para que “haga lo que pueda” con la Fiscalía como gesto para una negociación entre los Ejecutivos.
En su escrito, la Fiscalía debe distinguir entre las distintas responsabilidades en las que pudieron incurrir cada uno de los 18 procesados a disposición de la justicia española, que serán los que serán juzgados a partir de enero por el Supremo. El expresident Carles Puigdemont y los demás exiliados en el extranjero –la secretaria general de ERC, Marta Rovira, los cinco exconsellers que le acompañaron a Bruselas y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel– se hallan en una pieza separada, paralizada a la espera de que regresen a España y puedan ser juzgados por los delitos por los que fueron procesados; en el caso del exjefe del Govern y sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los más graves: rebelión y malversación.
Fuentes de la Fiscalía, según adelantó ayer la Cadena Ser, atribuyen una máxima responsabilidad de lo ocurrido en Catalunya a los nueve procesados en prisión, dada la grave medida cautelar que se les impuso hace un año. Se trata del exvicepresident Oriol Junqueras; el exconseller de Interior Joaquim Forn; el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Forcadell, todos ellos en prisión preventiva. Sànchez y Cuixart solo fueron procesados por rebelión, ya que no formaban parte del Govern, por lo que no pueden ser considerados responsables del dinero público que se pudo destinar al 1-O. El resto de ellos sumaron el delito de malversación. Esa diferencia solo puede trasladarse en los escritos de calificación del fiscal y del resto de acusaciones personadas, Vox y la Abogacía del Estado, a una solicitud de más o menos años de cárcel por la rebelión, ya que esta absorbe la malversación.
No pasa así con la sedición que sí permite acusar también por el desvío del dinero público, lo que en la práctica puede suponer más años de cárcel, si se tiene en cuenta que quienes la inducen, sostienen o dirigen pueden ser castigados con entre 8 y 10 años de cárcel, y de 10 a 15, sin fueran personas constituidas en autoridad. Para los demás sediciosos la pena prevista va de 4 a 8 años. La pena por malversación, por su parte, puede llegar hasta los 12 años.