El aumento de la inspección multiplica por cuatro la retirada de prestaciones
A pesar de ello, en 2017 solo se extinguen 728 ayudas de 10.000 expedientes revisados
PAMPLONA – El aumento de las inspecciones en las prestaciones de renta garantizada ha multiplicado por cuatro la retirada de este tipo de ayudas a los perceptores que no cumplen con los requisitos. Derechos Sociales señala que si en 2014 –en la anterior legislatura con el gobierno regionalista– se extinguieron 190 ayudas de la renta de inclusión social, el año pasado ascendieron a 728, de casi 10.000 revisadas –que suponen el 60% de todas las prestaciones–.
Existen “casos puntuales de irregularidades” en los que trabaja Derechos Sociales para erradicar. Este año ya se han revisado cerca del 80% de los expedientes y hasta el momento se han retirado 796 prestaciones – cifra que ha superado las registradas en todo 2017–. La normativa que regula la renta garantizada, aprobada en 2016, pretende dar cobertura a las personas más necesitadas, pero “con más controles”, explica el departamento.
UAGN se quejaba hace una semana de que una falta de control en este tipo de ayudas favorece la falta de trabajadores en el campo, ya que a pesar de que ofertan puestos de trabajo, los perceptores los rechazan por la cuantía que cobran con esta prestación. Derechos Sociales manifiesta que la gestión de las ofertas de trabajo por parte del Servicio Navarro de Empleo facilita el control, pero sin ese cauce resulta complicado. Una vía que a partir de ahora van a utilizar los agricultores según el principio de acuerdo al que han llegado el Gobierno de Navarra y UAGN, que ahora se tiene que desarrollar con el resto de agentes del sector. Por eso, el departamento insiste en la obligación de la ciudadanía de denunciar cualquier fraude para que tenga constancia la inspección y actúe.
124 PERSONAS MENOS A principios de mes, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, compareció en comisión y remarcó que “en 2018 se ha producido una estabilización en el número de perceptores, con una tendencia a la baja tras superar el impacto de la reforma en el aumento de la demanda”. Desde marzo de este año se ha registrado un leve descenso de 124 personas, al pasar de los 12.820 perceptores en marzo a los 12.696 en septiembre.
UAGN acusó al departamento de Derechos Sociales de que la renta garantizada provoca un “efecto llamada” a personas de otras comunidades para trasladarse hasta Navarra y cobrarla. Los datos del departamento reflejan que este año se produjo el mayor registro del número de perceptores en un mes, 12.820, desde que entrara en vigor la ley de renta garantizada en 2017. En enero del año pasado había 11.760, un aumento producido en este periodo por la pérdida de cobertura por desempleo y subsidios, prestaciones que dependen del Estado –desde 2012 ha dejado de inyectar 223 millones–, y que han tenido que ser reemplazadas por la renta garantizada para evitar la exclusión social de sus beneficiarios. El departamento recuerda que las personas deben estar 2 años empadronadas en Navarra para acceder a la prestación (un año las familias con hijos), requisito que dificulta acceder de manera inmediata a la ayuda, como daba a entender UAGN con el “efecto llamada”. ●