700 DÍAS DE PRISIÓN DE LOS JÓVENES DE ALTSASU

PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y CONCENTRACIÓN DE APOYO EN EL FRONTÓN DEL PUEBLO

ALTSASU – Hoy se cumplen dos años del denominado caso Altsasu que mantiene a siete jóvenes en las cárceles de Pamplona y Vitoria. Tres de éstos: Oihan Arnanz, Adur Ramirez de Alda y Jokin Unanumo ayer sumaron 700 días de prisión. En el caso de Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola y Jonan Cob eran 131 días. Los cuatro fueron detenidos el pasado 5 de junio, cuatro días después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, con penas de entre 2 y 13 años para los jóvenes, las penas máximas por delitos de atentado a los agentes de autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. El Tribunal presidido por Concepción Espejel, casada con un alto mando de la Guardia Civil, apreciaba los agravantes de abuso de superioridad y odio. Era la segunda vez que entraban en la cárcel. La primera fue el 15 de noviembre de 2016 pero fueron puestos en libertad el 21 de diciembre.

Todo comenzó hace dos años, el 15 de octubre de 2016, en la madrugada de ferias de Altsasu. Lo que muchos entendían como una pelea de bar entre unos jóvenes con dos guardias civiles y sus parejas, pronto se transformó judicialmente tras las presiones judiciales y gubernamentales en “acto terrorista”, con una repercusión mediática que causó temor en la villa. Lo cierto es que cuatro días después de los hechos Covite presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional. Publicado el auto, seis de los ocho jóvenes identificados, cuyas fotografías fueron portada en un medio estatal, acudieron a declarar de manera voluntaria pero no pudieron hacerlo porque la jueza Mª Paz Benito no se encontraba de guardia. Pese a ello, con un gran despliegue policial, el 15 de noviembre la Guardia Civil detuvo a ocho jóvenes, que fueron trasladados a Madrid, donde la jueza Lamela dictó prisión preventiva para seis de éstos por “riesgo de fuga”. Se les imputaba el artículo 573 del Código Penal reformado tras el Pacto Antiyihadista, cuestionado por cinco relatores de la ONU.

EL JUICIO Con peticiones de penas de 375 años de prisión para los ocho jóvenes, entre 12,5 y 62,5 años por amenazas terroristas y lesiones terroristas, el juicio arrancó la segunda quincena de abril en la Audiencia Nacional y se alargó durante dos semanas y media. “A lo largo del juicio se observaron múltiples irregularidades y contradicciones en las declaración de los denunciantes”, recordaban Bel Pozueta y Edurne Goikoetxea, portavoces de las madres y padres. “A ello se sumaba el hecho de que 15 testigos, tanto de la defensa como de la acusación, han negado la participación de los ochos encausados en los actos violentos que les imputa”.

Además, por vía de responsabilidad civil, debían indemnizar con 9.200 euros al teniente por lesiones y al sargento con 3.570 euros y a sus novias con 6.100 euros a cada una. Además, por las secuelas y daños morales, la sala fijó 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 euros para la pareja del sargento.

La calificación de delito de terrorismo fue descartada por las pruebas presentadas y porque no se cumplen los requisitos que marca la ley, como ya argumentó la Audiencia Provincial de Navarra en marzo cuando pidió que el caso volviera a Pamplona. El Tribunal Supremo dijo que no.

SOLIDARIDAD Estos dos años también han sido de una gran ola de solidaridad que se transformó en tsunami, con movilizaciones no conocidas en Navarra. Este movimiento comenzó en Altsasu, cuando unos días después de aquella desgraciada noche fatídica, el 22 de octubre, unas 2.000 personas salieron a la calle en Altsasu para apoyar a los jóvenes y denunciar la imagen distorsionada que se estaba trasladando de Altsasu en los medios. Un mes después, el 26 de noviembre, después de las detenciones, fueron unas 20.000 personas, personas de diferentes ideologías venidas de diferentes territorios preocupadas por el desarrollo de este caso.

Otra movilización importante fue cuando se conoció la petición de la fiscalía el 4 de julio, con una gran concentración en Sanfermines. También fue en Pamplona la manifestación del pasado 14 de abril, a las puertas del juicio, con más de 80.000 personas en las calles para pedir justicia. Aún fueron más el 16 de junio, una vez conocida la sentencia.

Los padres y madres, agrupados en torno a Altsasu Gurasoak, no se cansan de dar las gracias por la solidaridad recibida, un apoyo que les ha dado fuerza para seguir en esta larga lucha. Lo cierto es que han removido tierra y cielo para pedir justicia y proporcionalidad en el caso. En todo este tiempo se han reunidos con políticos, agentes sociales, personas de la cultura y juristas entre otros. Han acudido por todo el Estado para explicar el caso, acudiendo a diferentes instancias como el Congreso, Parlamentos de Navarra, Vasco, Europeo así como ayuntamientos entre otras así como diferentes foros por el Estado, una lucha que no piensan cesar hasta que no tengan a sus hijos en casa. “Esta lucha va más allá, están en juego los derechos de todos y todas”, destacan los padres y madres. Mientras, están a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva el recurso presentado. Lo siguiente sería el Tribunal Supremo antes de acudir a Europa si fuere necesario. ●