Otra ‘semana horrible’ para la justicia, crisis muy preocupante
El Estado atraviesa una de sus más profundas crisis de las últimas décadas, con buena parte de sus principales estructuras en caída libre de desprestigio social. La corrupción, el nepotismo, las cloacas policiales, etcétera han derivado en una situación cada vez más insostenible que se ha acabado convirtiendo en un caldo de cultivo político para la irrupción de los discursos alentadores del odio y la confrontación desde la extrema derecha. El todo vale –desde el insulto zafio al señalamiento amenazador, y Navarra es buen ejemplo también de esa estrategia de las derechas actuales, UPN o PP– ha pasado a formar parte del panorama político y mediático diario. Pero quizá lo más preocupante sea la crisis de desprestigio y credibilidad que afecta a la justicia española. Creo en serio que en el Estado español está asentado un Estado de Derecho garantista y confío en la capacidad de independencia e imparcialidad de los tribunales ordinarios. Pero desconfío, y cada vez más, de que ese garantismo democrático y esa imparcialidad estén instalados en las politizadas altas esferas de la justicia española. Acaba de transcurrir una semana horrible –otra más– para los altos tribunales de la justicia. La desastrosa gestión del Supremo en el caso de las hipotecas bancarias, el nuevo varapalo de Estrasburgo por el caso Bateragune, las duras acusaciones de la familia del juez Lidón, asesinado por ETA en 2001, de ineficacia, desatención y desidia a la Audiencia Nacional o el auto de la Audiencia de Barcelona denunciando la violencia de la Guardia Civil en Catalunya el 1-O de 2017, que cuestiona el fondo y forma de la instrucción de los hechos impulsada desde Madrid, han puesto negro sobre blanco de nuevo la profunda crisis por la que atraviesan los más altos órganos del poder judicial. Llevamos años asistiendo a una progresiva pérdida de credibilidad de la justicia por la politización de sus altos tribunales que es lo que realmente pone en duda la imparcialidad e independencia, por la judicialización de la política y por la falta de recursos humanos y materiales para asegurar una justicia eficiente y rápida. Es evidente la necesidad de abordar desde el impulso político y profesional una reforma regenerativa de la justicia española antes de que el convencimiento social, sea acertado o no, de su falta de independencia y sumisión a los intereses de los poderes políticos, financieros y mediáticos alcance un punto de no retorno. Repensar el modo de selección de los jueces y fiscales que asumen las responsabilidades en los órganos del poder judicial y sus altos tribunales, el Supremo y el Constitucional, es un primer paso ineludible. Afrontar de una vez por todas las demandas de recursos humanos y materiales de la justicia ordinaria para garantizar rapidez y eficacia a la sociedad es otra cuestión fundamental. Y recuperar el ordenamiento constitucional que antepone el derecho al juez ordinario o natural frente a un modelo que ha priorizado en determinadas cuestiones la irrupción de jueces excepcionales en tribunales excepcionales también, como la Audiencia Nacional, es igualmente necesario si de verdad se quiere apostar por una justicia democrática y garantista. La defensa de la salud de la democracia debiera abrir el debate sobre la continuidad de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción heredero directo del Tribunal de Orden Público franquista y una excepción judicial en la UE. ●