“Para que la víctima no retire su denuncia, el sistema debe generarle confianza”

La jueza instructora de Violencia sobre la Mujer, Margarita Pérez-salazar, antes juez de Familia, ya ha tramitado este año más de un millar de procedimientos PAMPLONA – Con motivo del 25-N, la semana estuvo plagada de actos informativos, charlas preventivas y programas intensos que abordan la violencia de género, algo que puede resultar chocante con las altas cifras que registra este ámbito. ¿La sociedad está cada vez más informada, pero igual de mal formada que antaño?

–En el día a día del juzgado te encuentras cosas que no son propias de una sociedad desarrollada. No hemos aprendido a relacionarnos bien y hay mucho que hacer en cuanto al tratamiento de las relaciones hombre-mujer.

¿Ha cambiado en estos tres años la imagen que tenía de Violencia?

–Más que cambiar, he tenido un conocimiento más cercano de la situación. En el Juzgado de Familia (es un juzgado civil de Primera Instancia) se ven muchas situaciones de violencia. Llegué allí cuando no había juzgados de Violencia y veíamos los procedimientos civiles de separación y divorcio de personas que tenían procedimientos penales abiertos, que se incoaban por denuncias de violencia. Eso ocurría antes de que se crearan los juzgados específicos (como el que ella ocupa ahora). Y luego, en Familia, se dejó de tramitar esos procedimientos penales denunciados, pero sí aquellos que no se denunciaban. Por lo tanto, veías violencia, tenía conocimiento de que eso existía, que en un porcentaje elevadísimo son agresiones del hombre a la mujer y allí te planteas qué se hace para mejorar eso. En este juzgado, en el de Violencia, el proceso es distinto. Esto es el ámbito penal, que exige valoración de la prueba y en el que tienes un conocimiento mucho más directo de la víctima y de la situación personal del investigado.

¿Qué caracteriza a estos procesos? –Lo que más sorprende es la situación de dependencia de la víctima con el maltratador, la justificación de las conductas de ellos y los motivos por los que las justifican y minimizan, y las justifican con su propia conducta, como si su actuación provocara lo otro. Esto no se da en otros tipos delictivos. También es una investigación penal que muchas veces se tiene que realizar sin la colaboración de la propia víctima, bien porque no colabora desde un primer momento o bien porque llega un momento en el que se retira de dicha colaboración. Y queda un panorama difícil para el juez y el fiscal, porque para investigar hasta el fondo hay una dificultad añadida. Hay que encontrar una prueba periférica objetiva. Otra característica del proceso es que hay veces que consigues terminar una investigación hasta con condena, pero existe una reiteración de conductas. Ahí late una situación de dependencia, bajo la esperanza de que los hechos denunciados no van a volver a ocurrir y por eso vuelven a estar juntos.

La Ley se va actualizando y el Código Penal va incorporando nuevos delitos como el stalking/acoso, pero la reincidencia es habitual, por ejemplo para quebrantar órdenes de alejamiento.

–Quebrantamientos hay muchísimos. Es un número muy elevado. Tienes una sensación de impotencia porque lo que haces desde el ámbito penal parece que no es suficiente.

Resulta sorprendente la frecuencia

con la que se llega al juzgado por incumplimientos como esos.

–Así es, aunque se informa que el ingreso en prisión se produce si hay incumplimiento de ese alejamiento, porque eso da una protección a las víctimas. Y se opta por ello antes de adoptar otras medidas mucho más gravosas. Pese a saber que por incumplir el alejamiento y la comunicación les puede llevar a prisión, lo hacen.

¿Asumen el riesgo?

–Lo asumen o tienen dificultad para controlar las situaciones que conlleva la ruptura de la relación, que son difíciles para el investigado. No siempre esos quebrantamientos van unidos a cometer nuevos hechos delictivos, sino que hay veces que se escriben mensajes desde el inconsciente o desde la falta de comprensión para pedir perdón o para decir que no va a volver a ocurrir.

Me habla de que observa esa dependencia emocional a menudo entre víctimas y agresores, ¿es comprensible para una juez de Violencia, aunque pierda una prueba, que una víctima no pueda declarar o no quiera por esa dependencia?

–Puede resultar comprensible desde luego, porque todo lo que le ocurre a una víctima desde el punto de vista psicológico le lleva a actuar de una manera, a asumir un riesgo o a acabar con todo aquello que le produce un daño. Veo que son razones a las que los psicólogos apuntan para que esto sea así. Y eso también existe en el maltratador, que tiene relación de dependencia igualmente. Pero la víctima es ella y es la que tiene el riesgo.

¿Es la solución acudir aquí?

–La solución para que esta situación mejore tiene muchas ramificaciones. La Justicia penal puede ser una solución en muchos casos. En otros, no. Puede salir de un divorcio o separación o con una ruptura de la relación. Lo que debe procurar la vía penal es que el sistema funcione, ampare a las víctimas, investiguen los hechos hasta las últimas consecuencias, que tenga un tratamiento objetivo con el investigado y que hagamos que la víctima confíe en el sistema judicial. Hay que generar confianza en el sistema. Y en esta línea va la guía que el Observatorio de Violencia del Consejo del Poder Judicial acaba de publicar. Sentado eso, hay que analizar el origen de las situaciones de violencia. Hay que descender hasta él. Y otro punto tiene que ver con la educación. Hay que relacionarse de una manera igualitaria y comprender lo que significa un buen trato y un mal trato y aquello que significa un control inadmisible en las relaciones de pareja, que se da por ejemplo entre las parejas jóvenes. Tenemos tres orígenes: situaciones de relaciones dependientes en las que son muy visibles la dependencia del hombre sobre la mujer, que anula a la víctima hasta hacerla creer que ocurre porque se lo merece. Son las más complicadas. Hay mucho círculo vicioso y vuelven a convivir. Otras relaciones no tan viciadas que se producen con mezcla de consumo de tóxicos. Hay mucha violencia que se produce en fines de semana o vísperas de festivos que tiene que ver con eso. Fuera de esos consumos no hay tanta relación de dependencia. Y hay otra situación con claro riesgo de letalidad que tiene que ver con la ruptura mal gestionada, la mala gestión de las decisiones de separarse. Puede haber un riesgo pese a que previamente no haya habido una situación de violencia anterior durante la relación. A veces, sí. También hay casos en los que ha habido violencia durante la relación y, en la ruptura, explosiona.

¿Ratifica el riesgo existente en las rupturas por la experiencia que ve a diario?

–La ruptura es un momento delicado. Hay muchas situaciones de tensión e incertidumbre, de descontrol a lo que va a pasar, a los hijos, incertidumbre económica, miedo al futuro y eso pone en riesgo de descontrol a las personas.

Estas personas requieren de un acompañamiento durante el proceso penal. Una vez que este termina o se está ejecutando una sentencia por ello, ¿cómo se rehace su vida?

–En este sentido me parece muy importante lo conseguido por la Ley del Estatuto de la Víctima, que hace mucho hincapié en cosas importantes: la protección a la víctima desde que denuncia, el acompañamiento durante el proceso penal y la asistencia psicológica a la víctima y el no convertir el proceso en una vía de maltrato institucional. Lo que llaman la doble victimización. En este tipo de víctimas es especialmente gravoso, es difícil atravesar un proceso penal cuando has sido maltratada. Lo que hay que cuidar es el acompañamiento inicial. Los letrados del Servicio de Asistencia a la Mujer lo hacen bien, desde el punto de vista profesional y asistencial, se preparan bien. Las policías prestan una asistencia por lo general buena, saben escuchar, lo hacen en un entorno tranquilo, fuera del maltratador, donde se vea y se valore qué es lo que ocurre, que haya mecanismos buenos de valoración del riesgo. Y el personal del juzgado sabe que también tiene que actuar así, tiene que estar separada del agresor, tranquila, no tiene que sentirse cuestionada, que no sienta que nadie le pone en duda y se sienta escuchada. Eso genera confianza y así la víctima acepta mejor las recomendaciones que recibe de su asistencia letrada. Otra cosa que hemos mejorado es que la Oficina de Víctimas del Delito está en este mismo edificio y su asistencia no necesita una denuncia. Hay víctimas que pueden solicitar una asistencia psicológica y cuando mejoran y se ven en una situación de menor vulnerabilidad, entonces denuncian. Algunas lo hacen y otras no.

Estamos en 1.010 procedimientos en instrucción. Para una comunidad como Navarra parecen cifras muy elevadas. En los últimos años la Comunidad Foral también destacaba en la retirada de denuncias, datos que ahora se han aminorado.

–Sí, se han reducido, y es una muy buena noticia. Porque la retirada de la denuncia no tiene que ver con los hechos, sino con la actitud de la víctima y su confianza en el sistema. Una víctima que retira una denuncia es alguien que tiene problemas para superar el problema que motivó su denuncia. Eso quiere decir que si la víctima no renuncia, es que se le ha generado confianza suficiente.

Muchas veces las cifras de violencia sufrida por cada mil mujeres, los porcentajes, las estadísticas, son abrumadoras.

–La situación de violencia no hay que medirla solo por el aumento de denuncias, porque puede ser que se denuncien más casos lo que no quiere decir que ocurran más. Es más complejo que valorar lo que se denuncia o no, no hacerlo solo desde un punto de vista estadístico. Se vivió una subida de denuncias el año pasado y este se ha mantenido en ratios más normales.

Conviene acercarse a la infancia para que la atención sea integral.

–Sin duda que hay que educar a tener relaciones en igualdad, respeto y libertad para que las situaciones de violencia disminuyan. Hay que tener educación en situaciones que nos generan estrés, aprender cómo superar aquellas cosas que no nos gustan desde pequeños y de una manera no violenta. A veces las situaciones de control se identifican con me quiere más, y se da bastante entre gente joven, que tiene muchas más capacidades de controlar. Pero eso no se produce solo en las relaciones de pareja, también de padres a hijos, de amistad…

¿Los jóvenes son cada vez más protagonistas de la violencia?

–He tenido una percepción más variada. Hay mucha gente joven, pero los hay también de mediana edad con relaciones consolidadas y que han repetido situaciones violentas durante los años. Y hay gente más mayor. Lo que ocurre es que uno puede llegar a esperar que la gente joven se relacione de una manera más equitativa, más libre, y causa desazón ver que eso no se produce. Compruebas que quizás no hay unas relaciones tan desiguales de ellos hacia ellas, pero sí situaciones de control que cuesta identificar mucho con el cariño.

En los últimos meses se han registrado hasta tres crímenes de Violencia sobre la Mujer en Navarra. Uno ya condenado en Burlada y dos que se investigan en Huarte y Pamplona. Tiene que ser muy frustrante para usted.

–Sí, es evidente, tanto para nosotras como para toda la sociedad. Es frustrante y desolador que sigan ocurriendo las formas más extremas de violencia. Y hay que hacer un recorrido de qué es lo que ha ocurrido para que esas situaciones lleguen ahí. En el Convenio de Estambul, que suscribió España, se incide en la valoración del riesgo de letalidad, no sólo de reincidencia. Es un punto importante saber qué situaciones exponen a la víctima a la letalidad. Y todos tenemos que indagar ahí. El grupo de expertos del Observatorio de Violencia de Género ha determinado que la ruptura de pareja era un momento clave de exposición de riesgo a la letalidad.

El sistema Viogen proporciona datos mensuales y mantiene interconectadas a todas las policías del Estado. En este Palacio se han instalado nuevas salas para que víctimas y testigos declaren en Violencia, se han instalado pantallas de televisión en las salas de vistas para proteger la declaración de las víctimas, se modifica el Código Penal para recoger incluso nuevas figuras delictivas como el acoso telemático y sistemático a la pareja... Institucionalmente se hace lo posible por avanzar en la lucha contra la violencia de género, pero siguen existiendo debilidades.

–La debilidad para atender un porcentaje alto de las situaciones de violencia acaba de aparecer en las conclusiones de las jornadas que los jueces decanos han celebrado en Melilla. Gran parte de la prevención de las situaciones de violencia se podría observar en los juzgados de familia, que están desatendidos por el Ministerio de Justicia y el CGPJ. Nunca se ha reconocido la especialización de los jueces de Familia, pero sí está reconocida en Violencia. A este juzgado no puedes acceder sin unos cursos de especialización. En Familia ayudaría a tener un conocimiento mucho mejor de las situaciones que te llegan, incluidas las de violencia. La mayoría de Juzgados de Familia están además saturados.

¿El de Pamplona es un ejemplo?

En 1981 se creó el primero y en 2006 se creó el segundo para llevar solo un 30% de asuntos de Familia, porque el 70% restante se encarga de incapacidades. El módulo de entrada de carga de trabajo supera en un 160% el módulo ideal del Consejo y eso provoca retrasos. Y la pareja sigue conviviendo en esos meses, lo que hace que las cosas puedan acabar en situaciones de violencia que antes no ocurrían. Claramente esto es un hándicap. En esto coincidían los decanos.

¿Por qué no interesa?

–Somos el único país que no tiene una Justicia especializada en Familia y no alcanzo a entender las razones. Cuando se comprenda que las situaciones de Violencia tienen que ver con las rupturas y las gestiones de esas rupturas, se podría poner el foco en esos juzgados y se trabajaría mucho mejor.

¿Ha tenido asuntos como jueza de Familia que le hayan continuado penalmente como jueza de Violencia?

–Sí, porque otra situación que llega mucho a Violencia son familias que ya tienen una sentencia de divorcio, pero todas las situaciones de violencia y denuncias tienen que ver con las medidas que se han dictado en el divorcio. Y en estas situaciones están en una parte vulnerable los hijos menores, víctimas directas según el Estatuto de la Víctima, que asisten a una violencia que tiene que ver con esos procedimientos de divorcio terminados.

El drama no se interrumpe para esos niños que han observado violencia a tan corta edad y que necesitan una atención directa.

–Requieren de una asistencia, sin duda, y la sociedad tiene que hacerse responsable de unos niños que ya de por sí lo van a tener más difícil por lo que han vivido. ●

“Gran parte de la prevención de situaciones de violencia se podría hacer en los juzgados de Familia, pero están saturados y no especializados”

“La doble victimización es especialmente gravosa en este ámbito. Es difícil atravesar un proceso penal cuando has sido maltratada”

“El momento de ruptura de una pareja es clave en la exposición de riesgo a la letalidad, son momentos difíciles de gestionar”