A propósito del bicentenario del Colegio de Abogados
Con motivo del bicentenario del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona y los variados actos organizados por el mismo para su celebración, un grupo de setenta y siete miembros del mismo suscribimos un documento que enviamos al Colegio exponiendo varias cuestiones que considerábamos importantes de cara a esta conmemoración.
No vamos a transcribir el documento, dada su amplitud, pero sí un pequeño resumen. Se planteaban tres cuestiones: señalábamos, de manera documentada, que al menos 22 abogad@s o personas relacionadas con la administración de justicia, habían sido asesinadas o represaliadas con motivo del golpe de estado fascista de 1936 sin que el Colegio nunca se hubiera manifestado sobre ello. Más aún, en los libros de actas aparecen arrancadas las hojas correspondientes a los años 1936-39.
Nos parecía muy buena oportunidad de reconocimiento a est@s compañer@s represaliad@s por sus ideas y ser fieles a la legalidad vigente.
Tampoco nos parecía correcto que se invitara al rey Felipe VI a los actos conmemorativos del bicentenario. Por considerar que dentro del Colegio hay personas que no están conformes con la institución monárquica y por considerar la misma como impuesta por ese Régimen ilegalmente implantado que, a juicio de muchos, carece de total legitimidad. Y, finalmente, pedíamos un debate colegial sobre las implicaciones que la aconfesionalidad conlleva en relación con las actividades públicas del Colegio.
Este debate se solicitaba tanto por los actos que realiza habitualmente el Colegio relacionados con la religión católica como por un acto programado para el bicentenario: la asistencia colegiada a la catedral de Treguer, en la Bretaña francesa, donde supuestamente se guardan las reliquias de San Ivo, uno de los patronos católicos de los abogados, las cuales procesionan cada 19 de mayo. Y allí estuvieron llevando dichas reliquias varios letrados y letradas en nombre del Colegio de Abogados de Pamplona, no en su propio nombre o de su devoción.
Dicha solicitud no fue publicitada, como otras veces se ha hecho, a través de los medios habituales del Colegio, que se ha limitado a enviarnos una comunicación a cada uno de los firmantes, por lo que nos ha parecido oportuno utilizar este medio público tanto para conocimiento del resto de colegiad@s como de la opinión pública en general.
En dicha contestación, sorprendente por su brevedad y falta de argumentación, frente al extenso y razonado escrito presentado, se nos dice, respecto al primer punto “que “el “homenaje a los juristas asesinados en el 36” … no puede relacionarse con la celebración del bicentenario de la constitución oficial del Colegio. … … no es nuestro propósito homenajear en especial a ningún jurista, con independencia de su ideología política y circunstancias personales o profesionales, sino a la Corporación que nos une a todos, que es, por otra parte, la institución civil más antigua de nuestra Comunidad”.
No es cierto lo que se dice, ya que es una práctica habitual el homenaje a otros abogad@s por muy diversos motivos. Pero lo que no es en absoluto de recibo es que se hable de manera banal sobre el tema de la ideología política y las circunstancias personales o profesionales. Por supuesto que estas personas fueron asesinadas o represaliadas por su ideología política, a la cual fueron fieles, como era su derecho. Pero lo más importante, visto desde el punto de vista del Colegio como defensor de la legalidad es que lo fueron precisamente por respetar y defender la legalidad vigente, una de las funciones de los abogados y que hasta la fecha no han recibido por parte del Colegio al que pertenecían ni el más mínimo reconocimiento. ¿Qué mejor ocasión para hacerlo que una efemérides como ésta? Si otras instituciones ya han pedido perdón y han tratado de rectificar esos errores históricos, ¿a qué está esperando nuestro Colegio para hacerlo, a que pasen otros doscientos años? ¿O es que, de alguna forma se quieren justificar esos terribles hechos y ese brutal ataque contra personas cuyo único delito fue mantenerse fieles a la legalidad, como habían jurado o prometido al comenzar a ejercer su profesión de abogados? ¿Es ésta la defensa que hace el Colegio de los mismos?
Respecto al tema del rey, se dice que la invitación se debe a que “se le invitó, al margen de cualquier posicionamiento político, por ser el Jefe del Estado, quien preside la apertura del año judicial y porque en su nombre se administra la Justicia de la que somos y queremos seguir siendo cooperadores necesarios”. Así es, pero, como hemos afirmado antes, por una imposición del régimen ilegítimo anterior y sin que dicha institución, tras su reinstauración haya sido sometida a consulta popular. Ese es, al menos, el sentimiento de mucha gente, y, concretamente, de muchos de l@s colegiad@s, por lo que un Colegio que, teóricamente, nos representa a tod@s, debería respetar todas las sensibilidades y abstenerse de actos que puedan herir determinadas sensibilidades.
Porque los Colegios de Abogados son corporaciones de derecho público que tienen, entre otras funciones, cooperar con la Administración de Justicia, y también una función social (turnos de oficio, etc.). Y destacar que, aparte de su carácter público, y, por tanto, aconfesional e independiente de toda ideología, la colegiación es obligatoria para poder ejercer la profesión. De hecho, en los años 70-80 hubo un intento de suprimir el carácter obligatorio e impulsar el libre asociacionismo y se nos impidió con amenaza expresa de impedírsenos el ejercicio profesional si no estábamos colegiad@s. Si esto es así, el Colegio debía respetar todas las ideologías y creencias, siempre dentro de la legalidad, y no favorecer con sus actos a unas ideologías determinadas.
Y enlaza esto perfectamente con el tercero de los puntos, el de la aconfesionalidad. Aquí todavía resulta más sorprendente, porque se niega hasta el debate. No es ya que el Colegio esté actuando habitualmente (misas, funerales…) de acuerdo con una determinada creencia, sino que se nos niega incluso la posibilidad de debatirlo dentro del Colegio. La respuesta que aquí se nos da es la siguiente: “La idea de proponer un debate sobre la aconfesionalidad del Estado y las implicaciones que ello tiene sobre las actividades públicas del Colegio no nos parece apropiada. Es obvio que entre los colegiados y colegiadas hay sensibilidades religiosas distintas y todas respetables. A nadie se obliga a compartirlas y, actuando con el máximo respeto, nuestra pretensión es mantener tradiciones que gozan de aceptación y a nadie dañan ni obligan. El objetivo de la Junta es que el derecho a pensar diferente respecto a cualquier cuestión no sea motivo de desunión sobre lo que verdaderamente nos importa como colectivo y en lo que se trabaja mucho a diario”.
Creo que la contestación se deja en evidencia a sí misma. Dice que hay sensibilidades religiosas distintas y todas respetables. Evidente, pero entonces, ¿por qué el Colegio como tal, y por lo tanto en el ejercicios de representación obligatoria de todos los colegiados únicamente organiza actos relacionados con una determinada religión, la católica?
Nos parece muy bien que l@s abogad@s que así se consideren se organicen (de hecho ya hay alguna asociación de este tipo) y acudan donde ellos crean conveniente, como puede ser ir a pasear las supuestas reliquias de un presunto santo que una determinada ideología religiosa considera patrono de los abogados. Pero que lo hagan en su nombre y por su cuenta, no en nombre del Colegio que, imperativamente, a tod@s nos representa. Y por lo menos que nos dejen debatirlo. Y respecto a lo de mantener las tradiciones, no sabemos qué tradición puede haber en ir a la procesión del santo a la Bretaña. ¿O estamos esperando a volver a repetirlo el año que viene para darle dicho carácter y por eso negamos hasta el debate? Aparte de que las tradiciones no siempre hay que mantenerlas. ¿O vamos a seguir tirando cabras de los campanarios?
Éstas son las reflexiones que nos apetecía realizar para el conocimiento del resto de compañer@s y de la opinión pública.
Y manifestar que, si la Junta del Colegio no quiere asumirlo, nos comprometemos a que nuestr@s compañeros represaliad@s y asesinad@s tengan el homenaje público que merecen e invitaremos a todos los compañeros y compañeras, así como a las instituciones públicas a asistir a ese acto de homenaje que desde ahora empezamos a preparar. ●
Adiego Soria, Mª Pilar
Alfaro García, Begoña
Álvarez Montero Javier
Anaut Mendióroz, Ángel Mª
Balda Galán, María
Barcos Pérez, Juan Ignacio
Berruezo Condón Iosune
Beaumont Barberena, Jesús María Bujanda Cambra, Izai
Cantero Mantas, Juan Antonio Carrera Ciriza, Jaione
Compains Rolán, José María Compains Rolán, Mª Asunción Compains Silva, Joseba
Del Villar Llamas, Virginia
Erro Martínez, Marcos
Eslava De Miguel, Ander
Etxeberría Zudaire, Lourdes Fraguas Pérez, Charo
Francés Lecumberri, Libertad Francés Lecumberri, Paz
Galán Motino, Eduardo
García Iricíbar, Clara
García Sola, Pedro María
Gómara Etxeberria, Aritz Gurruchaga Arratíbel, Felipe
Ibáñez Olcoz, Pablo
Izko Aramendia, Amaia
Izurdiaga Osinaga, Arantza
Karrera Turrillo, Imanol
Martín Cestao, Leire
Martin Gordo, Ainhoa
Martínez Chocarro, Fernando Méndez Villagrasa, Maika
Moreno Arrarás, Patricia
Nazábal Auzmendi, Bixente Noguera Vales, Mikel
Ontoria del Cura, Sonia
Orayen Insausti, María Luisa
Ortega Marcos, María
Otazu Amatriain, Blas
Otazu Vega, Aitor
Otazu Vega, Ana
Pastor Sanz, José María
Pérez Fernández, Ixaxi
Rebolé Allo, Oihana
Recalde Eseverri, Ana
Ruiz de Alda Laaksonen, Manu Mikel San Matías Rodríguez, Idoia Santesteban Ziganda, Amaia
Soria Gulina, Juan Jesús
Sotés Ruiz, Socorro
Talens Armand, Domingo
Uruñuela Nájera, José Ignacio Urzainki Zozaia, Mª Isabel
Vicente Collado, Sara
Villalobos Bergasa, Javier
Zabalza Laborda, Javier
Zaldúa Esteban, Gorka
Abogadas y abogados
Al menos 22 personas relacionadas con la administración de justicia fueron asesinadas o represaliadas con motivo del golpe fascista de 1936
Nuestro objetivo es que el derecho a pensar diferente sobre cualquier cuestión no sea motivo de desunión en lo que nos importa como colectivo