Solo el 8,33% de los presos por delitos sexuales sigue programas terapéuticos
Instituciones Penitenciarias pide más recursos y una libertad vigilada eficaz
MADRID – Un total de 2.761 personas están encarceladas por delitos sexuales y solo 230 de ellos, un 8,33%, participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias tiene en marcha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia. “El principal reto es conseguir que los presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. Si esto no se consigue, el sistema fracasa”, señala el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para quien la institución penitenciaria española está “bien valorada”, aunque hay margen de mejora.
“Uno de los retos importantes es hacer eficaz esa libertad vigilada”, pero para ello se necesitan los “recursos necesarios” y que se despejen las dudas sobre la administración competente en la aplicación de cada medida, enfatiza. Asimismo, hay en el Estado 3.927 internos por violencia de género, de los que 496, el 12,63%, participan de forma voluntaria en programas de tratamiento. A ellos se suman las 4.000 personas con condenas muy cortas que no llegan a entrar en prisión al someterse a cambio a estas terapias.
Para su reinserción, Instituciones Penitenciarias negocia más dotaciones con la delegación de Gobierno para la Violencia de Género, al tiempo que trabaja en la creación de un “microprograma” más flexible para que los condenados con penas cortas se acojan, ya que las terapias actuales tienen una duración de un año. Ortiz también destaca la relevancia de potenciar la concesión de terceros grados o régimen de semilibertad, con los controles necesarios a estos presos. Con ello, España pretende acercarse a otros países de su entorno que tienen transferidas las prisiones, si bien Catalunya ya lo tiene.
Así, mientras que en los centros dependientes de la Administración central los reclusos en tercer grado representan el 16% del total, en Catalunya se elevan al 22% y en algunos países europeos superan el 25%. A pesar de contar con uno de los índices de criminalidad más bajos y un sistema penal de los más rigurosos, Ortiz recuerda que España sea el tercer país de Europa con la mayor estancia media en prisión, con penas que pueden llegar hasta los 40 años.
Aun así, la población penitenciaria ha disminuido en los últimos diez años y ha pasado de los 63.000 presos en 2008 a los 50.600 en la actualidad, lo que ha permitido que, a pesar de la reducción de la plantilla de funcionarios, la ratio haya bajado de un trabajador por cada 5,6 internos a 4,3.
FALTA DE PESONAL En materia de personal, uno de los mayores problemas, “y de difícil solución” según Ortiz, es la cobertura de médicos en el ámbito penitenciario, con 160 vacantes, porque, aunque se sacan plazas no son “apetecibles” para este colectivo, también deficitario en general en España.
También en el ámbito sanitario, Ortiz recuerda que una ley de 2003 prevé la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, pero a efectos prácticos solo cuenta con ella la Comunidad Autónoma Vasca. No obstante, ya hay “conversaciones serias” con Navarra y se han iniciado los contactos con la Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares.
Respecto a las reivindicaciones de los sindicatos de prisiones, Ortiz reitera que es “difícil, por no decir imposible”, una subida salarial que complemente a la firmada en marzo para todos los funcionarios. Sí se está atendiendo la demanda de un protocolo contra las agresiones a los trabajadores penitenciarios, si bien Ortiz recuerda que España está “muy por debajo” de otros países europeos y, dentro del territorio, de otros colectivos como los profesores. Sin embargo, no superan las 300 y solo seis fueron graves el año pasado, y ninguna muy grave.