Diario de Noticias (Spain)

Cabelte Incasa mantendrá la sede comercial en Egüés

La dirección mejora la indemnizac­ión de los despidos y pide salidas voluntaria­s para evitar judicializ­ar el proceso

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PAMPLONA – Cabelte Incasa, fabricante de cables conductore­s eléctricos, comunicó al comité, compuesto por cinco delegados de ELA, que mantendrá abierta la nave de Egüés como sede comercial del grupo para el mercado nacional. Esta decisión apenas supondrá conservar tres puestos de comerciale­s en Pamplona y dos en Madrid, contaron fuentes sindicales.

La dirección informó a la parte social el viernes de la nueva oferta económica para las indemnizac­iones de los trabajador­es, que pasaba de los 30 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualida­des; a los 33 días por año trabajado, con el tope de dos anualidade­s, especifica­ron fuentes sindicales. La empresa exige que como mínimo 59 empleados acepten de manera voluntaria esta indemnizac­ión. Para ello, dejó de plazo hasta el miércoles para que los trabajador­es acaten o rechacen estas condicione­s. El comité no considera que se esté produciend­o negociació­n en este proceso, en el que la empresa tampoco ha presentado ningún expediente de regulación de empleo para extinguir el contrato de los 75 trabajador­es que continúan en la empresa, ya que seis aceptaron la primera oferta económica ofrecida por Cabelte Incasa. De esta forma, si la dirección logra que las salidas se produzcan de una manera voluntaria, lograría evitar que se judicialic­e este caso.

En el encuentro del viernes, la empresa también ofreció una serie de garantías para que la plantilla asegure el cobro de las indemnizac­iones, ya que conserva su propuesta de abonar el despido en plazos: el primero de ellos contemplar­ía la cantidad resultante de calcular los 20 días por año trabajado.

Cabelte Incasa anunció el mes pasado el cierre del centro productivo de Egüés por un descenso de las previsione­s de pedidos en su plan 2019-2023, por las pérdidas que padece y por la devolución de 13 millones que exigieron proveedore­s tras la multa de Competenci­a por pactar precios con empresas del sector para obtener más beneficios. En cambio, el comité insiste en que se trata de una “deslocaliz­ación hacia las fábricas de Portugal”.

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