ORAIN BAI Y PP APOYAN A UPN EN ECHAR A AZNÁREZ SIN BASE JURÍDICA
● Los regionalistas insisten en votar su recurso contraviniendo el criterio de los letrados de la Cámara ● Geroa Bai, EH Bildu, PSN e I-E señalan la arbitrariedad de Esparza, que cuestiona la institución
PAMPLONA – El empecinamiento de UPN de precipitar al Parlamento de Navarra a tomar decisiones y forzar la expulsión de la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, sin ningún tipo de reflexión procesal ni seguridad jurídica, y sin esperar a los informes de los letrados en una situación que no tiene precedentes en el órgano legislativo, quedó ayer en evidencia. De hecho, el recurso presentado por UPN en contra del acuerdo de la Mesa del Parlamento del 8 de enero –que pospone la decisión o la toma en consideración de la expulsión de los parlamentarios de Podemos hasta tener un informe–, “no puede ser considerado ni siquiera recurso” al tratar de revocar un proceso y no una decisión firme. Al menos, así lo han estimado los servicios jurídicos de la Cámara y el criterio del letrado mayor, que señalaba que el recurso de UPN no era admisible desde el punto de vista de la tramitación y que procedía elaborar el informe jurídico. Geroa Bai, EH Bildu, PSN e I-E subrayaron que el aviso del letrado mayor era “claro”, “contundente”, “explícito”, “rotundo” y “taxativo”.
No obstante, en contra de este criterio jurídico, UPN insistió en que se votase en la Junta de Portavoces la admisión a trámite o no de su “recurso” que tan sólo consiguió el apoyo del PPN de Ana Beltrán y de los propios interesados de Orain Bai. Esta votación provocó que el presidente de UPN, Javier Esparza, reprochara al PSN su voto y que EH Bildu cuestionase el de los parlamentarios de Orain Bai, que en este caso se alinean con la derecha y suman posiciones con regionalistas y populares.
“El letrado ha planteando algo tan simple que un estudiante de primero de Derecho sabe: que los actos de tramitación son irrecurribles, ya que en un procedimiento administrativo solo se puede recurrir la decisión de fondo y la semana pasada no se tomó una decisión, se está a la espera de ese informe, que será recurrible no solo por UPN sino por cualquiera de los parlamentarios afectados”, señaló en rueda de prensa el portavoz de EH Bil- du, Adolfo Araiz. A sus explicaciones se sumaron las de Geroa Bai, que a la sesión presentó un escrito indicando que no podía ser considerado el recurso de UPN alegando que “no se trata de una decisión de la Mesa a la que un grupo parlamentario que discrepe del mismo pueda recurrir ante la Junta de Portavoces en virtud del artículo 37.2 del Reglamento del Parlamento”. Por su parte, la socialista María Chivite justificó la postura de su grupo diciendo que “el letrado mayor ha sido claro” y “tengo por costumbre respetar la decisión jurídica de los letrados del Parlamento”.
CUESTIONAR AL LETRADO “Hoy (por ayer) asistimos a un intento de UPN de tratar de condicionar el normal funcionamiento de esta cámara”, señaló Araiz. Algo que en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, casi confirmó: se permitió poner en entredicho a la institución y sus funcionarios, se pregunto retóricamente “si quien va a mandar en las posiciones políticas de los grupos va a ser el letrado mayor; ¿va a ser él quien diga si se puede expulsar de un grupo, si se puede cambiar de nombre, va a decidir quién va a ser portavoz?”. Y añadió: “Ya veremos el informe la semana que viene porque me parece que va a haber más de un informe, habrá contrainformes, iremos alargando y terminaremos la legislatura”.
También Carlos Couso (Orain Bai) defendió la inmediata expulsión de Aznárez, ya que a su juicio “el reglamento es claro y se aplicó la pasada le gislatura”.
Por contra, Mikel Buil (Podemos) valoró de forma “muy positiva” el rechazo a este recurso de UPN que “lo que pretendía era un disparate jurídico, a pesar de lo cual derecha y tránsfugas han decidido seguir adelante: una “alianza de facto entre la derecha navarra y Orain Bai”.
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra tendrán casi con toda seguridad la próxima semana el informe de los servicios jurídicos de la Cámara.