Uvesa incluirá en su plantilla a 826 falsos autónomos, 565 en Tudela
La dirección acuerda con UGT y CCOO incorporarlos entre el 1 de febrero y el 31 de mayo
PAMPLONA – Grupo Uvesa, uno de los principales productores de pollo en España, acordó ayer con UGT y CCOO la incorporación en su planilla de 826 falsos autónomos entre el 1 de febrero y el 31 de mayo, 565 de ellos en el centro de Tudela y 261 en el de Rafelbuñol (Valencia), confirmaron desde CCOO. De esta forma, los afectados deberán aceptar de manera voluntaria el pacto para integrarse en la plantilla de Uvesa.
El preacuerdo, como así lo calificaron ambos sindicatos, resuelve un conflicto que comenzó en 2017 cuando CCOO denunció ante Inspección de Trabajo una práctica intensificada con la crisis: las compañías cárnicas establecen un contrato mercantil con una empresa pantalla, bajo la apariencia de cooperativa, a través de la cual logran la mano de obra. Estos trabajadores son socios autónomos de la cooperativa pero desarrollan su actividad en la cárnica. En este caso, Servicarne era la supuesta cooperativa, con los 826 falsos autónomos; y Uvesa, la empresa beneficiaria de estos operarios.
El pacto rubricado ayer establece que estos trabajadores pasarán a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social como asalariados, que se les confeccionará un contrato indefinido si suman más de doce meses en la compañía y que estarán amparados bajo el paraguas del convenio colectivo estatal de mataderos de aves y conejos.
Además, el documento establece que la antigüedad de los falsos autónomos queda sujeta a las resoluciones judiciales que se produzcan en los procesos iniciados por la Tesorería de la Seguridad Social. En el momento en que las resoluciones sean firmes, si la empresa resultara condenada, tendría que reconocer el derecho a la antigüedad de los trabajadores, incluyendo la retribución en este concepto de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación.
En relación con el trabajo en festivo, que anteriormente no era ni retribuido de manera extraordinaria ni compensado en descanso, el preacuerdo recoge que los festivos que se trabajen serán compensados con el valor equivalente a la hora extraordinaria, mientras que su día de descanso compensatorio será pactado con cada uno de los comités de los centros.
Uvesa emitió un comunicado en el que anunció que “rescindirá el contrato de prestación de servicios que mantiene con Servicarne una vez finalice el proceso de incorporación voluntaria de cooperativistas”.
El pacto, además, añade la distribución irregular de la jornada con el fin de reducir y, si es posible, evitar la externalización de las actividades productivas. Uvesa manifestó que el acuerdo se ha podido concretar porque los sindicatos “han aceptado incluir la flexibilidad en las jornadas, un factor clave en la actividad de la compañía”. Sin embargo, este reparto tendrá un control “exhaustivo” por parte de UGT y CCOO.
LAS REACCIONES Uvesa señaló que “el acuerdo soluciona una situación compleja” y que “permite a la compañía mantener su actividad dentro del marco de la legalidad vigente, ante el cambio de criterio detectado tras el acta de la Inspección de Trabajo de septiembre, la primera desfavorable de las más de 25 a las que ha sido sometida la empresa en 15 años”.
CCOO, por su parte, indicó que “ha tirado del carro en todo el proceso, porque a las denuncias en Inspección, le siguieron notas, ruedas de prensa, una concentración en Tudela y la convocatoria de una huelga, que se aplazó tras el compromiso del presidente de Uvesa de dialogar”. UGT FICA remarcó que “prioriza la negociación y el pacto como fórmula para avanzar laboralmente, a diferencia de otros sindicatos que practican una estrategia de campañas de falsos mensajes que solo buscan el beneficio partidista y electoral”.
18,08 MILLONES DE EUROS EN CUOTAS Este acuerdo no anula el proceso que debe afrontar Uvesa en los tribunales, en los que se juzgará si debe abonar las cuotas que reclama la Seguridad Social por cotizar como autónomo personal que Inspección consideró que debe ser asalariado. La Seguridad Social reclamaba el pago de 18,08 millones por este concepto, materia que todavía no se ha resuelto. ●