Navarra prorroga a 2023 un convenio de protección ante los desahucios
El acuerdo, firmado entre el Ejecutivo, la FNMC y el CGPJ, ha atendido 65 casos de vulnerabilidad desde 2016
PAMPLONA – El Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) suscribieron ayer la prórroga del convenio de colaboración hasta 2023 que, desde hace tres años, mantienen junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La firma protocolaria del documento se celebró en el Parlamento de Navarra, y en ella rubricaron el convenio el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, y el presidente de la FNMC, Pablo Azcona.
Este convenio, que desde 2016 ha atendido un total de 65 casos a través de los servicios sociales de base, está planteado para la protección de la ciudadanía ante los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria. En palabras del consejero, “recoge que los juzgados puedan notificar a los ayuntamientos afectados cuando se da un procedimiento de desahucio y, por lo tanto, haya una situación en el que el derechos a la vivienda digna pueda verse afectado”.
El convenio trata sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar, así como medidas de carácter social. El texto, tal como ya hacía en 2016, establece que el CGPJ comunicará al Gobierno los casos en los que una persona se pueda encontrar en situación de exclusión social debido a un desahucio sobre una vivienda en propiedad o sobre una vivienda alquilada. A partir de entonces, el Ejecutivo y las entidades locales adheridas al convenio activarán sus programas de protección, centrados especialmente en concesión de ayudas de emergencia, mediación en materia de vivienda, y acceso a arrendamientos en viviendas del fondo foral de vivienda social de la bolsa de alquiler o de viviendas protegidas.
Con este convenio, el Ejecutivo y las entidades locales adheridas renuevan “su compromiso con las personas que quedan en riesgo de exclusión social tras sufrir el desahucio de su vivienda familiar. Se busca ofrecerles medidas de protección ante una pérdida de la vivienda que se considera consecuencia de un modelo económico y unas políticas económicas antisociales”, explicaron desde el Gobierno.