INTERIOR INICIA EL DISPOSITIVO PARA EXHUMAR A FRANCO
● La Abogacía del Estado interviene para agilizar el traslado mientras la familia del dictador hace otro intento para impedirlo ● Polémica en la Asamblea de Madrid por el discurso guerracivilista de Ayuso
PAMPLONA – Aunque quedan flecos judiciales por cerrar, el Gobierno ha comenzado a organizar el dispositivo para exhumar a Franco. Interior ha puesto en marcha los preparativos de una operación que el Ejecutivo socialista anunció que sería “discreta” y que puede llevarse a cabo durante la madrugada del 6 al 7 de octubre. Mientras, el Supremo se reunirá la próxima semana para estudiar un obstáculo clave que impide ejecutar el traslado de los restos: la suspensión cautelar que el propio tribunal dictó en junio contra el acuerdo del Gobierno para sacar al dictador del Valle de los Caídos y que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos.
Pese al recién aval del Supremo a la exhumación de los restos de Francisco Franco para llevarlos al cementerio de El Pardo-mingorrubio, el caso continúa pasando por diversas vicisitudes, entre ellas una petición de aclaración de sentencia por parte de los nietos del dictador, según confirmaron fuentes próximas a la familia. En su sentencia, el tribunal desestimaba de pleno el recurso de los nietos de Franco contra la exhumación de su abuelo, si bien éste no fue el único recurso que se presentó contra los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar al dictador; también recurrieron la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Son recursos que siguen vivos en el tribunal, ya que los jueces esperaron a resolver primero el de los nietos por ser el más complejo.
Por tanto, en ellos todavía pesa la suspensión cautelar de la exhumación que el Supremo acordó hace meses en lo que dictaba sentencia, por lo que el levantamiento de estas medidas cautelares es requisito imprescindible para proceder a sacar a Franco. Consciente de ello, la Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo el levantamiento de estas