La Justicia, servicio público de garantía de derechos

Al crear el nuevo Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, el Gobierno de Navarra ha dotado de peso específico a la Justicia. Se trata de dar relevancia a un servicio público que está llamado a garantizar, en última instancia, derechos y libertades costosamente conseguidas. Unas libertades cada vez más amenazadas, en la práctica, por fenómenos como la desregulación de las condiciones de trabajo; las condiciones abusivas de algunos contratos esenciales; la inseguridad en las condiciones básicas de vida como medio ambiente, salud o vivienda; la regresión en materia de libertades civiles; o las múltiples manifestaciones de la violencia heteropatriarcal.

Y es, que al desempeñar tan importante cometido, nuestros tribunales no solo cumplen un mandato constitucional: también dan la medida de su valor para generar cohesión social, para crear comunidad en torno a los valores democráticos y para apelar a la ciudadanía –desde esa comunidad compartida, imaginada y sentida que es Navarra– tanto al ejercicio de sus derechos como al cumplimiento de sus deberes en la construcción del bien común. Por eso resulta esencial que cuenten con los medios materiales y la organización que les permitan cumplir su función como la ciudadanía espera de ellos: de forma ágil, rigurosa y cercana.

No podemos olvidar que, cuando las personas usuarias de la Administración de Justicia tratan de hacer valer ante ella sus derechos o intereses, albergan necesariamente una gran variedad de expectativas. Unas expectativas que abarcan desde el contenido de la resolución final hasta el trato que recibirán, pasando por el tiempo que habrá de transcurrir hasta su adopción o hasta su cumplimiento efectivo, o el coste que tendrá para ellas el procedimiento, tanto en términos materiales como emocionales. Su satisfacción, en lo que a este Gobierno Foral se refiere, debe tener en cuenta todos estos aspectos. Y respetando siempre el contenido de las decisiones que jueces y tribunales adopten en el ejercicio de sus funciones, es nuestro deber poner a su disposición los medios adecuados para ponderar el cúmulo de factores, a veces contradictorios, que componen la realidad sobre la que han de juzgar. Entre ellos, destaca por su relevancia la perspectiva de género, que constituirá un eje transversal de toda nuestra actuación.

Si jueces y tribunales no cuentan con esos medios, corremos el riesgo de que el recurso a la Administración de Justicia, y por causas más estructurales que coyunturales, acabe en ocasiones resultando insuficiente, cuando no disfuncional, para hacer frente al modo en que dicha realidad incide sobre los derechos de las personas, y en particular de las víctimas. Estas deben recibir una asistencia y acompañamiento integrales, con el fin de ofrecerles toda la ayuda de la comunidad cuya convivencia se haya visto alterada por el hecho denunciado. Asistencia y acompañamiento, por un lado, para hacer frente a las consecuencias del delito; por otro lado, para abordar la problemática que pueda estar detrás de la violación de derechos sufrida, cuando esta –por afectar a minorías, personas mayores, menores de edad o en riesgo de exclusión social– ponga de manifiesto una situación de especial vulnerabilidad.

En esta misma línea, promoveremos la creación de un servicio navarro de ejecución de penas, con el fin de que la privación de libertad no solo suponga un castigo, como en demasiadas ocasiones sucede, sino que cumpla realmente los fines de reinserción que la ley le atribuye, fomentando además la implicación responsable de la sociedad en cuyo nombre se impone.

Y lo haremos, al mismo tiempo, impulsando –en todas las jurisdicciones– sistemas de justicia restaurativa que complementen las tradicionales vías contenciosas. Se trata de hacer más humano, más social, el modo en que las personas interactúan cuando sufren un delito o una violación de su derecho, mejorándolo tanto desde el punto de vista de la eficacia del servicio público, como de la protección y el empoderamiento de las víctimas. Pretendemos, con todo ello, contribuir al cambio de perspectiva necesario para que la actuación de los poderes públicos no constituya tanto la expresión de un “poder”, como la de un “servicio” a la sociedad. Si en una democracia avanzada su legitimación descansa, en última instancia, en la calidad del servicio prestado a las personas, es tarea de este Gobierno conseguir que a nuestra Justicia se valore positivamente por ello, y no por ser un brazo más del poder del Estado.

Nos lo debemos como comunidad madura y consciente de su responsabilidad ciudadana. Y confiamos en contar con el apoyo y el diálogo sincero con todas las autoridades, personal de función pública, profesionales y entidades de iniciativa social, que comparten unos objetivos cuya consecución, sin duda, constituiría un éxito del conjunto de nuestra sociedad. ●