Gente sin casa que no necesita bolera
Decenas de familias de 3, 4 y 5 personas viviendo en una habitación, hacinadas. Cuatro familias con 13 menores viviendo en una pensión derivadas por el Ayuntamiento. Una mujer que ha dado a luz, recientemente, y no le pueden dar el alta en maternidad porque no tiene dónde vivir. Esto pasa hoy, aquí, en Pamplona, porque ni el Gobierno, ni el Ayuntamiento ofrecen una solución a estas situaciones de emergencia habitacional.
Y al alcalde, señor Maya, no se le ocurre otra cosa que construir una bolera y una pista de patinaje en la antigua estación de autobuses, donde existen muchas viviendas vacías y cerradas de propiedad municipal y familias viviendo en otras. ¿Dónde queda el derecho a una vivienda digna, dónde quedan los derechos de la infancia? ¿Qué es más importante, garantizar estos derechos o construir una bolera? ¿Tendrá que justificar el señor alcalde la inversión de dinero público en tan apremiante necesidad y su interés general por encima de la función social de la vivienda, o no?
Nuestros regidores, que viven cómodamente, no tienen ni idea de tanta gente que padece pobreza, exclusión y no tiene garantizados los derechos básicos, en ésta, nuestra ciudad. La situación de estas familias es invisibilizada y siguen produciéndose desahucios silenciosos y sin alternativa habitacional ninguna. Muchas son mujeres monoparentales con niñas y niños a su cargo, que no tienen un hogar donde vivir y buscan cobijo en habitaciones de pisos patera.
La exclusión residencial que sufren es consecuencia de un raquítico parque público de vivienda social de alquiler. Comparado con otros países del norte de Europa, ocho puntos más bajo. Actualmente en la PAH Casco reunimos a más de 60 familias con grave problema de vivienda. Y en diciembre, Cáritas cuantificó en su informe anual que 3.300 familias atendidas por ellos viven en habitación realquilada. Y que de ellas, el 54%, 2.366, son familias con niños y niñas y claro hacinamiento.
La insuficiente política pública de vivienda de alquiler y el marco normativo que se ha articulado alrededor de la vivienda protegida no vela por preservar el derecho a la vivienda y su función social. No hay viviendas para programas de Inclusión, ni una, y el mercado libre inmobiliario nos está discriminando por aporofobia y racismo.
Es dramático que esto lo sepa el Gobierno, no haga un plan para afrontar siquiera las situaciones de emergencia más graves, y saque a subasta viviendas de su propiedad. Es dramático que el Ayuntamiento de Pamplona-iruña muestre tan poca sensibilidad y vulnere tan a las claras los derechos recogidos en la Convención de Derechos del Niño que España firmo en el año 1989, y que en su art. 27.3 establece que los estados proporcionarán “en caso necesario asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. Se está discriminando y no protegiendo a los niños por igual. ¿Quién ampara a niños y niñas que viven hacinados en una habitación de una pensión, mientras el alcalde mantiene viviendas vacías y cerradas y proyecta hacer boleras?, porque debiera estar obligado a defender el interés mayor de los menores a tener un hogar. ●