Directiva europea para proteger a los ‘confidentes’

Tiene como fin garantizar la protección de los empleados que denuncien actividades ilícitas en empresas públicas

BRUSELAS – Los ministros de Justicia de la UE dieron ayer el empujón definitivo a la normativa para la protección de los llamados whistleblowers o confidentes. La Directiva, que entrará en vigor en 2021, tiene por objetivo garantizar la protección de los empleados que denuncien actividades ilícitas o “abusos de Derecho” dentro de empresas y administraciones públicas, una lacra que supone entre 5.800 y 9.600 millones de pérdidas anualmente.

Bruselas quiere atajar la corrupción sin excesivas consecuencias. La medida, que a partir de 2021 deberá ser transpuesta a las legislaciones nacionales de los Estados miembros, pretende garantizar la protección y seguridad a todos aquellos empleados que denuncien actividades ilícitas o “abusos de Derecho” no solo en empresas sino también en entidades públicas.

Estas nuevas normas obligarán a la creación de “canales seguros de información” con las autoridades competentes dentro de las organizaciones, ya sean estas privadas o públicas. “La UE está comprometida con tener un sistema democrático operativo basado en el Estado de Derecho. Nadie debería arriesgar su reputación o trabajo por exponer comportamientos ilegales”, ha señalado Anna-maja Henriksson, ministra de Justicia de Finlandia, tras conocerse el apoyo del Consejo de la UE a la nueva medida. Así, por ejemplo, las compañías de más de 50 empleados o los municipios de más de 10.000 habitantes estarán obligados a canales “efectivos y eficientes” para reportar las actitudes ilícitas. –