Cobro del grado: la de cal y la de arena

El dos de octubre las portadas de la prensa informaban que el Gobierno de Navarra abonará 72 millones de euros a su personal contratado por el denominado complemento del grado, a raíz de una sentencia judicial que apoyándose en el dictamen del Tribunal Europeo estableció que no se puede discriminar retributivamente a los empleados por el mero hecho del carácter fijo o temporal de su vinculación laboral. Una vez más han tenido que ser los tribunales los encargados de poner fin a una discriminación histórica, contraria a cualquier sentido común y de la justicia, y dando la razón así a la parte sindical que durante muchos años hemos venido denunciando, reivindicando, y también pleiteando, sobre esta cuestión. Me comentaba una amiga respecto a esa noticia que ella “no estaba en contra (del abono de esos millones), pero que con todo ese dinero también se podrían hacer muchas cosas en la sanidad, que igual ahora se tienen que retrasar, o quizás incluso se queden sin realizar…”. Desconozco la razón, pero es una tendencia común que cuando se habla de gastar (invertir) en sanidad, se piensa en infraestructuras, edificios, aparatajes y medicamentos, y casi nunca en el personal que forma parte de esos servicios, o a lo sumo para reclamar el aumento de las plantillas que atienden a la población, pero raramente en proporcionarles unas retribuciones adecuadas o justas. A mi amiga le respondí que también hay que pensar en la cantidad de cosas que se habrán hecho con un dinero que en justicia debería haber estado en los bolsillos del personal contratado y que esas personas ya no van a recuperar porque la retroactividad que marca la Ley es de cuatro años como máximo.

Asun trabajó durante 15 años como empleada del Servicio Navarro de Salud en la Unidad de Limpieza del Hospital. Como consecuencia de las paulatinas privatizaciones del Servicio de Limpieza acometidas hace unos años, acabó su contrato con el SNS-O, aunque sigue trabajando en el mismo centro hospitalario, pero por una empresa privada que está contratada por la Administración Foral para dicha actividad. En todos esos años que Asun trabajó para la Administración nunca cobró el complemento del grado y próximamente podrá ver cómo compañeros y compañeras suyas del hospital, que continúan trabajando en los puestos de limpieza que no se privatizaron, tendrán la compensación, siquiera parcial de esos cuatro años de retroactividad, pero que a ella no le alcanzará. Seguirá siendo la víctima de una injusticia retributiva de muchos años porque la solución llega demasiado tarde y en su caso, además, por el despropósito de las privatizaciones.

Pero no ha sido este el único asunto que han tenido que resolver los juzgados. También han fallado a favor del derecho a la carrera profesional del personal contratado de facultativos y diplomados sanitarios, y la extensión a los meses de verano en sus contratos al personal temporal de Educación. Y asimismo, el Defensor del Pueblo a instancias de CCOO (aunque como de costumbre otros se apresurarán a colgarse la medalla) ha solicitado al Gobierno de Navarra, que ha accedido a hacerla, una modificación de la normativa que permita a sus empleados el disfrute de forma fraccionada de los permisos de paternidad y de maternidad.

Tenemos la satisfacción de que la perseverancia ha tenido sus frutos. Aprovecho la ocasión para resaltar la importancia de no rendirse y el papel de los sindicatos, a menudo menospreciado. Pero nos queda el sabor amargo de que las soluciones lleguen tarde y en casos, como he señalado, demasiado tarde.

Todas estas cuestiones no deberían tener que llegar ni a los Tribunales ni al Defensor del Pueblo, deberían resolverse en las Mesas de Negociación de la propia Administración. Ojalá esto suponga un punto de inflexión y dejemos atrás definitivamente políticas y actitudes de gobiernos que priorizaron beneficiar a la banca sobre las y los trabajadores, que entendieron las relaciones laborales como un acto de sometimiento, prefiriendo la imposición a la negociación y el ordeno y mando cuartelero al diálogo con los agentes sociales. Saludamos, por tanto, la prontitud y determinación con que el recién estrenado gobierno de María Chivite y del consejero Javier Remírez han abordado estos temas. Esperemos que no sea la anécdota y que esta actitud resulte una constante en toda la legislatura para que las soluciones, como la del grado, no vuelvan a llegar ni de los juzgados ni demasiado tarde. ●