El Gobierno amenaza al Parlament con una acusación por delito penal
Torra reprocha a Pedro Sánchez que no le haya cogido el teléfono por quinta vez
PAMPLONA – El Gobierno lanzó ayer una seria advertencia al Parlament por si acaba aprobando la resolución sobre el derecho a ejercer la autodeterminación, en lo que, a juicio del ministro del Interior, Fernando Grande-marlaska, supondría un “desafío” al Tribunal Constitucional que podría acabar, “como mínimo”, en un delito de desobediencia. También Pedro Sánchez envió un mensaje a la Generalitat y a los “señores y señoras diputados independentistas” de la Cámara catalana: “Quien cruce la frontera de la ley se cruzará con la respuesta serena y firme del Estado democrático de derecho”. Por su parte, el president, Quim Torra, instó a los comunes a apoyar esta propuesta presentada por Jxcat, ERC y la CUP y que se debatirá tras el 10-N. “Se ha acabado el tiempo de la equidistancia: o estamos con los represaliados o estamos con los represores”, subrayó el president, que respondió al líder socialista con tono irónico, ya que dice estar esperando a que el TC actúe contra la Asamblea de Extremadura por “extralimitarse” en sus funciones a la hora de aprobar propuestas sobre la aplicación del artículo 155.
Sánchez insistió desde Segovia en que su Ejecutivo está siendo “firme” en el cumplimiento de la legalidad y proporcional en sus acciones, y por eso insiste en pedir lealtad y una respuesta unitaria entre quienes defienden la integridad territorial y la Constitución. El presidente en funciones añadió que desde Moncloa sabían “perfectamente” la “convulsión” que la sentencia del procés iba a provocar sobre la sociedad y el sistema político catalán, y por eso hablaba de las consecuencias de ese fallo como una de las “amenazas” que había para el país junto al brexit y al enfriamiento económico para defender la urgente formación de un gobierno. Marlaska fue mucho más explícito. “Si se llegara a debatir esta cuestión, de esta naturaleza, y fueran aprobados en estos términos en el Parlament, podría haber una comisión de delito de desobediencia al Constitucional”, advirtió en TVE. El titular de Interior reclamó que “vuelva la sensatez” a los dirigentes catalanes, argumentando que quienes plantean retar al marco legal saben a qué se atienen. “Saben lo que acontece en un marco de derecho, que no es otra que la aplicación de la ley”, insistió.
Mientras, los partidos de la oposición en Catalunya, PSC, Ciutadans y PPC, presentaron ayer una petición de reconsideración a la Mesa del Parlament para evitar que la propuesta de resolución siga adelante y sea votada en el pleno. Estas fuerzas constitucionalistas coinciden en pedir la reconsideración del acuerdo o en particular los apartados que hacen referencia a hechos ya calificados por el
Constitucional. Además, los socialistas reclaman a la Mesa que solicite un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la adecuación de esa propuesta.
Con este panorama, el presidente del Parlament. Roger Torrent, dispuesto a asumir las consecuencias judiciales, circunscribió al ámbito de “la libertad de expresión” y al de la “opinión” la propuesta. “Una resolución es un posicionamiento político, no es una ley, no es una iniciativa legislativa, no es una iniciativa parlamentaria que tenga recorrido jurídico, es un posicionamiento político. Por tanto, expresa una opinión, de tres grupos parlamentarios. Esto es libertad de expresión”, declaró en la cadena Ser. Todo ello, en una jornada en la que Torra pidió al líder del PSC, Miquel Iceta, que llame a Sánchez y le pase el teléfono porque a él no se lo coge después de hacerlo ayer por quinta vez y, nuevamente, sin respuesta. Cinco llamadas a Sánchez y no me ha respondido el teléfono”, lamentó Torra. “A ti – por Iceta– te debe coger el teléfono. Puedes hacer un favor y un servicio importante al país: una vez lo tengas al teléfono me lo puedes pasar y así podré hablar con él”, le espetó al dirigente del PSC. ●