La nueva ley china de seguridad nacional para Hong Kong reactiva las protestas callejeras
● Su tramitación, prevista para esta semana, podría provocar un terremoto político ● El Gobierno aumenta el control tras las manifestaciones surgidas el año pasado
PEKÍN – La nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong que el Gobierno de Pekín planea aprobar esta semana no sólo implicará recortes en las libertades de los hongkoneses, sino que podría provocar un terremoto político de consecuencias imprevisibles, según varios analistas.
Su probable tramitación ha aparecido contra todo pronóstico y es el tema que más polvareda está levantando en la Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) de este año, centrada a priori en la gestión del coronavirus por parte de las autoridades.
La legislación sobre Hong Kong que, según la prensa estatal, todavía se está deliberando, pretende “salvaguardar la seguridad nacional” a raíz de las protestas que estallaron el año pasado, aunque queda por ver cómo se implementa y si su objetivo final es atar en corto a la ciudad semiautónoma.
Así, prohibirá “cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión” contra el Gobierno central, además del “robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras”, términos que el Ejecutivo chino ha utilizado anteriormente para frenar a la disidencia.
RECORTE DE LIBERTADES No obstante, el Artículo 23 de la Ley Básica (la carta magna hongkonesa) estipula que la ciudad ha de dotarse de legislación en este ámbito, algo que siempre ha resultado extremadamente polémico entre la población por miedo a que se tradujera en un recorte de libertades.
“El Gobierno chino quiere que su palabra valga más y que el Gobierno local y la sociedad hongkonesa acaben con mucha menos autonomía y libertades. El impacto será negativo”, opina el académico Jeanpierre Cabestan, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Baptista de Hong Kong.
El experto cree que la “reinterpretación” de la Ley Básica sólo conseguirá “reavivar el movimiento de protesta”, y que chocará con la previamente adoptada en EEUU en apoyo de la oposición hongkonesa.
Pekín quiere impedir a toda costa que Washington influya en lo que considera sus “asuntos internos”, con lo que el conflicto está servido: ONG como la estadounidense Human Rights Watch ya ha pedido a la comunidad internacional que “tome medidas” al respecto y otra del mismo país, Human Rights in China, ha advertido de la “amenaza” que supone “un régimen irresponsable que ignora sus compromisos internacionales”.
Según el experto español Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política de China, la ley “tendrá un efecto inmediato sobre la red de oenegés y fundaciones, muchas de ellas apadrinadas por instituciones conservadoras de EEUU y Reino Unido, que han apoyado activamente los movimientos de protesta”.
El profesor y coordinador de los grupos prodemocráticos Joseph Cheng pronostica que la ley estará lista en seis meses.
“Los líderes chinos actúan desafiando al entorno internacional y la coyuntura doméstica. Quieren decir