Centros residenciales y de día
El Gobierno ha remitido recientemente al Consejo de Navarra el proyecto de Decreto Foral que regula los centros residenciales y de día, para su preceptivo dictamen. Se trata de un texto que se empieza a elaborar en 2019 con la pretensión de consolidar un modelo de atención enfocado en la persona y en la calidad de los cuidados.
El borrador se ha expuesto a un procedimiento de participación ciudadana, desarrollado durante el primer semestre de 2020. Este proceso ha coincidido con la pandemia de covid-19, cuya afectación a las personas mayores que habitan en las residencias ha sido muy grave en términos de fallecimientos (631 personas), morbilidad (casi un 21,5% de personas residentes diagnosticadas de covid y un 25% de trabajadoras han precisado bajas médicas) y aislamiento. Todo ello ha puesto de manifiesto las carencias que se venían padeciendo en las residencias, tales como despersonalización, masificación, falta de personal, condiciones precarias de trabajo... A pesar de la gravedad de todo ello, no encontramos en el texto final, el que ahora se remite al Consejo de Navarra y cuenta con aportaciones realizadas en plena pandemia, ninguna alusión a dicha situación. A nuestro entender, no hay una reorientación radical del actual modelo de atención socio sanitaria, más allá de la modernización de la norma y la adecuación de la misma a los principios contenidos en la Ley Foral de Servicios Sociales de 2006, que ya se contenían en el primer borrador. Entendemos que el problema que debemos abordar es el hecho de que hemos permitido como sociedad que la atención a las personas mayores se convierta en un mero nicho de negocio para grandes grupos empresariales (Ballesol, Amavir, Domus Vi, AC Hoteles...), mientras se cronifica la pérdida de peso de la oferta de plazas de gestión pública directa y de las instituciones sin ánimo de lucro. Nos parece muy grave que la administración renuncie a contar con un parque de plazas propio, quedando a merced de la oferta privada para contratar plazas que atiendan a las personas mayores dependientes.
Sin duda hay aspectos positivos en el proyecto de Decreto Foral: los que apuntan a una mayor participación de los y las usuarias así como de la comunidad, la ampliación de los perfiles profesionales para asegurar la personalización y la oferta de actividades, en la adecuación de los equipamientos residenciales para crear entornos más humanos y hogareños, o la posibilidad de llevar a cabo experiencias piloto de iniciativas tipo cohousing. No obstante, la concreción y el alcance en varios de estos aspectos resulta más bien escasa:
- Echamos en falta en el Consejo de Participación la presencia obligada de representantes de los entes locales en los que se encuentre el centro, así como del tejido social como elementos corresponsables en la calidad del servicio y facilitadores de su integración en el entorno cercano, como ocurre con Consejos de Salud. - El contrato asistencial que los centros deben suscribir con cada persona usuaria debería incluir el conocimiento por parte de éstas de los servicios mínimos que éstas deberían recibir y que se incluyen en los conciertos que las entidades acuerdan con el Gobierno de Navarra.
-Los principios de la Atención Integral que se plantean (promoción de la autonomía personal, participación, proporcionar un entorno significativo y normalizado, personalización, promoción de la salud, organización de la convivencia…) serán papel mojado si no se acompaña con unas ratios profesionales que lo puedan hacer posible. En este sentido, el borrador de Decreto Foral no plantea unos ratios mínimos que puedan facilitar el cumplimiento de los objetivos: no distingue entre las necesidades de atención de personas dependientes, incluyendo en el mismo saco a dependencias moderadas, severas y grandes dependencias, no establece ratios mínimos para perfiles profesionales (fisioterapia, terapia ocupacional, animación…), utiliza para el cálculo del ratio la jornada anual que varía según los convenios de cada centro… El planteamiento de ratios que se hace no garantiza la calidad de atención, ni la misma calidad de atención según los centros, en un sector con plantillas precarizadas, sometida a tareas muy exigentes, tanto físicas como emocionales y sin convenio propio.
-La adecuación de espacios, las pequeñas unidades de convivencia, el aumento de camas individuales tan sólo afecta a las residencias de nueva construcción y a aquellas que vayan a realizar una reforma de calado. Por lo tanto, sólo las residencias mercantiles y de mayor tamaño van a tener la capacidad de cumplir con los nuevos estándares de calidad.
Por ello el actual proyecto de Decreto Foral resulta claramente insuficiente: cierta ambición en los objetivos, muy modesto y rácano en los medios, continuista en el modelo privatizador y mercantil y con grandes debilidades para aportar una respuesta a la altura de la trágica situación que la pandemia ha evidenciado.
Nos parece fundamental que se den por parte de las instituciones públicas más iniciativas que faciliten las condiciones económicas y laborales necesarias para que se puedan asumir los cuidados que precisen las personas dependientes en su entorno, en su propio domicilio. Además, consideramos que necesitamos avanzar en un modelo distinto de atención socio sanitaria, en el que el sector público vaya recuperando terreno, en el que se ataje el afán de lucro, la precariedad y la desprotección de las personas usuarias. Un modelo que, además de lo dicho, pueda hacer de los centros residenciales también unos aliados de la transición ecosocial poniendo la vida en el centro, generando y empleando fórmulas de reparto de empleo estable, digno y reconocido, incorporando energías renovables a sus edificios, integrando los centros en el entorno con circuitos y paseos seguros y accesibles, habilitando huertas y jardines... Un modelo por el que sí apostamos como sociedad debería venir acompañado de presupuestos e inversiones. Si no es ahora, ¿cuándo? ●