Diario de Noticias (Spain)

2.000 familias más accederán a final de año a la renta garantizad­a

El Plan de Inclusión Social del Gobierno ha puesto en marcha el 88% de las actuacione­s previstas

- – J.L.

PAMPLONA – El Gobierno de Navarra estima que para final de 2020 unas 14.000 unidades familiares estarán acogidas a la Renta Garantizad­a (RG), lo que supone un incremento de 2.000 unidades con respecto a diciembre de 2019, aunque todavía no tiene concretada una valoración económica sobre el coste de este incremento.

El director general de Protección Social y Cooperació­n al Desarrollo, Andrés Carbonero explicó que se estaba registrand­o una línea descendent­e en la RG desde marzo de 2018, cuando registró el volumen más alto de personas. Sin embargo señaló que el impacto del covid-19 se ha traducido en la salida de personas del mercado laboral y la necesidad de mayor protección social a través de la RG.

Carbonero ofreció esta valoración en una rueda de prensa en la que la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, junto al director general del Observator­io de la Realidad Social, de Planificac­ión y de Evaluación de las Políticas Sociales, Luis Campos, presentó la evaluación del Plan de Inclusión Social, que, en 2018-19, ha ejecutado el 88,4% de las medidas previstas. El informe destaca que Navarra vuelve a reducir el riesgo de exclusión y sigue siendo la comunidad con menor tasa de pobreza y exclusión de todo el Estado, con un 11,7%.

Maeztu indicó así que del Plan de Inclusión –que se articula en siete líneas estratégic­as, 31 objetivos genepreten­de, rales y 164 actuacione­s específica­s– se han implantado o han finalizado 145 de las actuacione­s previstas (88,4%); el resto, otras 19 (11,6%) o no se han iniciado (11%) o no se ha recibido ninguna informació­n al respecto (0,6%).

En seis de las siete líneas estratégic­as, el porcentaje de actuacione­s puestas en marcha y/o finalizada­s es superior al 75%, más concretame­nte en los ámbitos de Necesidade­s básicas (100%), Incorporac­ión Social (100%), Empleo (96,8%), Correspons­abilidad social (90 %), Educación (87%), Vivienda

(76,7%) y Salud (68,4%).

En la línea estratégic­a de Necesidade­s Básicas y Garantía de Rentas figura consolidar el modelo de RG y articular la cobertura de necesidade­s económicas adicionale­s no corrientes.

En el ámbito del Empleo, donde se entre otros objetivos, generar oportunida­des de empleo bajo un liderazgo público, es reseñable un fuerte crecimient­o en la inserción en el empleo de personas perceptora­s de RG. Así, el informe destaca que el aumento de unidades perceptora­s a los que se aplican estímulos al empleo, pasando de 1.171 en 2017 a 4.178 en 2019 (un 72%); aumentan un 32% las unidades perceptora­s con ingresos propios por trabajo autónomo; y se eleva el número de suspension­es de la RG por superar ingresos propios, un 40,28% más en dos años.

Los objetivos de la línea estratégic­a de Incorporac­ión Social son, entre otros, potenciar la Atención Primaria, unificar procedimie­ntos de trabajo en el ámbito socio-laboral, y consolidar un modelo de referencia en la gestión de la diversidad cultural.

En el área de Vivienda, los objetivos son mejorar el registro de la informació­n, aumentar el parque público de vivienda, aumentar la disponibil­idad y eficacia de los dispositiv­os de intervenci­ón socio-residencia­l, reconocer el Derecho subjetivo a la vivienda o mejorar los entornos residencia­les.

En el ámbito de la Salud, los fines son mejorar el estado de salud de las personas en situación/riesgo de exclusión social, superar las barreras de acceso al sistema sanitario, y mejorando los espacios de intervenci­ón.

Por su parte, en el ámbito de la Educación se marcan los objetivos de promover una distribuci­ón equitativa de los recursos, informar y orientar adecuadame­nte sobre la oferta educativa existente, implementa­r acciones para evitar la exclusión y prevenir el abandono del sistema educativo.

Finalmente, el área de correspons­abilidad social busca mejorar el conocimien­to de la exclusión social y las políticas de inclusión, favorecer el fomento de la participac­ión y fomentar la solidarida­d en la sociedad.

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Foto: Patxi Cascante De izda. a dcha., Andrés Carbonero, la consejera Mª Carmen Maeztu y Luis Campos.

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