Recrecimiento de Yesa, inseguridad, dudas y sobrecostes

Más de 20 años después, con el proyecto del recrecimiento del embalse de Yesa en un pozo sin fondo de recursos públicos –ha pasado de los 100 millones de euros de inversión inicial a superar ya los 450 millones– y con las crecientes dudas sobre la seguridad futura de esta megainfraestructura para las zonas colindantes, la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno central, Teresa Ribera, anuncia en el Congreso, por preguntas del PNV, la paralización de esas obras: “No se va a dar ni un paso allá en la obra a la espera del dictamen encargado en julio de 2018 al Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos que debía auditar los distintos informes existentes sobre la seguridad en la presa”. Poco después, la misma ministra Ribera se desdice de sus palabras y a través de las redes sociales dice que no ha dicho eso que ha dicho y que ya forma parte del libro de sesiones de la Cámara Alta. Creo que lo que la ministra Ribera dice en un primer momento es lo responsable desde el punto de vista del interés común de quien desde un Ministerio gestiona una obra tan confusa, tan costosa y con tantas dudas sobre su seguridad como es la del recrecimiento de Yesa. La ministra Ribera sabrá por qué echa marcha atrás. Creo que por el revuelo que se ha montado entre los beneficiarios que llevan 20 años chupando de la construcción de esta infraestructura y del temor que puedan tener tanto esas empresas concesionarias –las principales constructoras del Estado unidas en una UTE– y los responsables políticos de que pese a todos los avisos y desviaciones presupuestarias de estas dos décadas haya seguido adelante. Pese a los sucesivos informes emitidos defendiendo la seguridad del recrecimiento, 20 años después las dudas persisten y la ladera derecha sigue generando incertidumbre sobre su estabilidad. De hecho, el proyecto actual de la presa de Yesa eleva su cota de almacenamiento de los 488 metros actuales a 511, sólo la mitad del aumento previsto en inicio que fue lo que justificó entonces esta macroinversión pública. Los impulsores del proyecto inicial insisten en que no hay problemas. Pero no se puede olvidar que Yesa es un proyecto tan poco claro desde sus comienzos que sus responsables políticos originales –vinculados al PP de Aznar– pasaron por los tribunales, aunque fueron finalmente absueltos. Problemas de incremento desmesurado de costes y de denuncias científicas sobre riesgos de deslizamientos –se desalojaron e indemnizaron por expropiación forzosa a 102 familias propietarias de viviendas en las urbanizaciones del Mirador de Yesa y Lasaitasuna– que coinciden con la estrategia de ocultismo y falta de transparencia habitual de la CHE. Sobre el recrecimiento de Yesa también pende la sospecha del incumplimiento del principio democrático que exige que toda infraestructura esté sujeta a la máxima transparencia y al máximo control de calidad y eficiencia, un oscurantismo que sólo genera desconfianza. ●