Tailandia decreta el estado de emergencia para frenar las protestas
Los tailandeses exigen una nueva constitución, la dimisión del Gobierno y una reforma de la monarquía
BANGKOK – El Gobierno de Tailandia decretó en la madrugada de ayer el estado de emergencia, por las que se prohíben reuniones a partir de cinco personas, y disolvió la manifestación pacífica que cercaba la sede del Ejecutivo.
“Es extremadamente necesario introducir medidas urgentes para poner fin a la situación de manera efectiva e inmediata y para mantener la paz y el orden”, apunta la orden que entró en vigor de manera inmediata, que además prohíbe la publicación de noticias que puedan dañar la seguridad nacional.
La Policía, que previamente matizó que solo quedan prohibidas las reuniones de carácter político, informó en una rueda de prensa al mediodía que han detenido a 22 manifestantes, al menos cuatro de ellos líderes de las protestas, durante los operativos para dispersar a la multitud.
Como respuesta a las detenciones uno de los grupos coorganizadores de las protestas convocó una nueva manifestación para la tarde de ayer en el corazón comercial de Bangkok, donde fueron desplegados alrededor de 2.000 policías y varios controles de seguridad.
Decenas de miles de manifestantes prodemocráticos han salido desde el pasado miércoles a las calles del casco histórico de Bangkok para pedir la dimisión del Gobierno y reformas para limitar el poder de los militares y la monarquía, este último un tema muy controvertido en el país.
La protesta, que coincidió con el aniversario de la revolución estudiantil de 1973, fue generalmente pacífica y registró un gesto inédito de rebeldía cuando los manifestantes cercaron el paso de la caravana de coches donde viajaban la reina Suthida y el príncipe heredero Dipangkorn.
La imagen contrasta con el pasado reciente, cuando los tailandeses se arrodillaban ante el paso de la caravana real.
La principal demanda de las protestas es la dimisión del Gobierno, encabezado por el general golpista Prayut Chan-ocha, y una nueva Constitución, ya que la actual fue redactada por la antigua junta militar (2014-2019), además de reducir la influencia del Ejército en la política.
La demanda más controvertida es la reforma de la monarquía, un tema tabú hasta hace poco por el gran respeto que ha inspirado la institución y la ley de lesa majestad, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la corona.