Escrivá deberá fijar en tres meses excepciones a la penalización de la jubilación anticipada
El Pacto de Toledo asume para calcular la pensión 25 años desde 2022, pero propone elegir los de mejor cotización
MADRID – La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo emplazará al Gobierno, exactamente a su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a determinar en tres meses posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas. Las recomendaciones que aprobará la Comisión que preside la exministra Magdalena Valerio reclama al Gobierno evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron estas prejubilaciones y a sus carreras de cotización.
Los grupos contemplaban recomendar un estudio para analizar posibles excepciones pero finalmente el texto incluido en las recomendaciones, ya prácticamente cerradas a falta de un último visto bueno la próxima semana, pone fecha a ese análisis y le llama a determinar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones a estas penalizaciones.
A partir del próximo viernes, los grupos están emplazados a trabajar en sus posiciones finales. Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones. Este consistiría en sacar del sistema gastos impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad
Social. Las sugerencias aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema. Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto
asume la ampliación de la reforma de 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022–, pero apuesta por elegir los mejores años para evitar lagunas de cotización que afecten a la cuantía de la pensión.