La cárcel se vuelve aún más dura
Voz de alarma de Salhaketa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritarra sobre el endurecimiento de las condiciones de vida en las prisiones a raíz de la pandemia de la covid.
Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritarra han unido fuerzas para denunciar el endurecimiento de las condiciones de vida en las prisiones a raíz de la pandemia de la covid. Esa colaboración la plasmaron en abril en la dinámica #Sospresoakcovid19, que aunque incide particularmente en la situación de la cárcel de Pamplona y de los presos navarros o con arraigo en Navarra diseminados por cárceles del Estado, pone el foco en el conjunto de la población reclusa. “Esta dinámica quiere visibilizar y defender los derechos de todas las personas presas con independencia del lugar donde estén cumpliendo condena”, explica Libertad Frances, coordinadora de Salhaketa Nafarroa.
#Sospresoakcovid19, que colabora con otras asociaciones, critica una gestión sanitaria “deficitaria” de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias durante estos meses. “De las posibilidades que había siempre ha optado por las más restrictivas”, denuncia Frances.
Este colectivo ha hecho público un informe para “visibilizar que se sigue vulnerando los derechos de las personas presas”, y la “incapacidad de las administraciones de generar una situación de respeto a esos derechos”. Aboga por la “excarcelación de personas presas”, “dejar de aplicar la pena privativa de libertad en estas condiciones” y “tender a alternativas a la prisión”, reivindicaciones, afirma Frances, coincidentes con la de organismos internacionales “como mejor forma de prevenir el coronavirus dentro de las cárceles”.
“Algo tan importante para las personas presas como es la comunicación familiar y de personas allegadas está muy afectada”, continúa Frances, que cifra en un 80% las personas navarras o con arraigo en Navarra tienen limitado este derecho”, refiriéndose a los vis a vis. La portavoz de este colectivo cuenta que en la desescalada, la gente que estaba cumpliendo fuera de su lugar de arraigo no pudo recibir visitas porque no se podía ir a otras comunidades. A la secretaría general se le pidió que autorizara los viajes como una forma de traslado legítimo, pero no escuchó”, lo que también paralizó los permisos de salida. Permisos que desde mediados de mayo volvieron a la cárcel de Pamplona, que conllevan al regreso aislamiento “sistemáticamente” en celda, sin un “criterio claro de duración”. Las comunicaciones por cristales también volvieron en mayo, “pero limitadas a 2 personas por visita”, cuando antes podían estar hasta 4. Además, “se sigue notando una falta de vuelta a la normalidad, no se han implementado ni todas ni de la misma forma, actividades tan importantes como la educativa sigue sin retomarse dentro de la cárcel y no se está dando información de cuándo o de qué forma se va a implementar”.
PÉRDIDA DE CONTACTO Según explica Gorka Garcia, de Etxerat, durante los 3 meses de confinamiento, “todos esos beneficios penitenciarios a los que muchos presos habrían tenido acceso, se han visto interrumpidos. No hubo permisos de salida, ni progresiones de grado y se suspendió sin compensación por parte de Instituciones Penitenciarias”. Dice que “las medidas implementadas en relación a las videollamadas se han dado de forma testimonial. Nosotros pensamos que esa tecnología favorece el arraigo del preso con su familia y deberían venir para quedarse, donde el preso igual que puede hacer una llamada y hablar con su ama, puede hacer una vídeoconferencia”. Pero “la realidad es que en la cárcel de Pamplona desde mediados de agosto no se ha implementado de nuevo las vídeollamadas para suplir esa falta de visitas, a pesar de que la Secretaría General en su página web diga que sí”, afirma Frances.
Asunto de la denuncia de #Sospresoakcovid19 que llama especialmente la atención: “No se han facilitado mascarillas a las personas presas ni al personal funcionariado, que es el que está entrando y saliendo. Y sin embargo sí que se corta el contacto con las familias”, denuncia este colectivo de apoyo que hace unos días subrayaba que “sigue sin haber mascarillas dentro de prisión en la cárcel de Pamplona. Es una tónica que también se da en otras cárceles. Ha habido situaciones en las que los funcionarios lo aprovechaban para generar mayor conflicto dentro de los módulos. En la cárcel de Pamplona, hasta donde sabemos, a las personas presas no se les reparte mascarilla. Se repartió cuando había vis a vis, que ya no hay desde agosto. A la gente que comunicaba se les entregaba una para estar durante 10 días en el módulo con esa mascarilla”. Aunque el dossier afirma que “el funcionariado de prisión no usa medidas de seguridad al relacionarse con las personas presas”, Libertad Frances admite que “algunos sí que llevan mascarilla, pero no todos”.
DENUNCIAN FALTA DE MÉDICOS “En la cárcel de Iruña”, cuenta Libertad Frances, “se supone que hay plaza para 3 médicos, en enero estuvimos un mes sin ninguno, y cuando empezó la pandemia, había un médico contratado por horas por el Gobierno de Navarra. En estos momentos vuelve a haber 3 médicos, pero el propio personal médico de la prisión lo considera insuficiente. Nos ha venido una crisis sanitaria en una situación muy deficitaria en todas las cárceles dependientes de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias. Son los sindicatos médicos de prisiones los que llevan mucho tiempo visibilizando esta realidad y ya la propia secretaría lo reconoce”. Recuerda que en el colectivo de personas presas la salud física y mental está más deteriorada que la media en la calle. “Esto habría que unirlo a la necesidad de que las comunidades autónomas asumieran la competencia de la sanidad penitenciaria”, reclama Frances.
“Deberían haberla asumido ya hace más de 15 años. Solo lo hizo en 2006, si no me equivoco, la Comunidad Autónoma Vasca”, ahonda. “En Navarra se lleva reivindicando esta asunción muchísimos años, parece ser que este año va a ser el que llega, pero llevamos los últimos 4 así, y no acaba de hacerlo”.
“Este es otro punto en el que la iniciativa de este colectivo apela a las instituciones navarras respecto a la cárcel de Pamplona y respecto a las personas presas navarras o con arraigo en Navarra en otras cárceles. En opinión de Frances, con la competencia sanitaria, se “hubiese podido llevar a una gestión diferente en este tiempo”. Pese a que el Gobierno de Navarra carece de competencias penitenciarias, para Gorka Garcia, de Etxerat, “la situación de la cárcel de Iruña es lo suficientemente grave, unido a los 184 presos navarros que están fuera de la Comunidad Foral para que el Gobierno de Navarra se implique en este problema”. “No olvidemos”, señala Frances, “que Navarra puede asumir la competencia penitenciaria, no solo la de sanidad penitenciaria, respecto de la cárcel de Pamplona”.
Según Libertad Frances, la secretaría general de Instituciones Penitenciarias “ha hecho oídos sordos a prácticamente todas” las demandas de asociaciones de diferentes partes del Estado, “Lo poco que ha hecho fue vaciar los CIS con la gente que estaba en tercer grado e implementar las videollamadas, pero de una forma muy escasa”. A pesar de anunciarse “a bombo y platillo”, Frances dice que “se introdujeron unos 200 móviles para una población de unas 50.000 personas. La virtualidad ha sido muy deficitaria”. En esa coyuntura, la dinámica apela a a la secretaría general y al Gobierno de Navarra, la primera porque tiene la competencia “y es quien marca las pautas”, y al Ejecutivo foral porque “la propia secretaría en sus instrucciones dice que se va a marcar la acción en cada prisión de acuerdo con las medidas sanitarias que esté adoptando la comunidad autónoma”. Se trata, resume, de llamar a las dos puertas “porque las dos tienen su responsabilidad”.
“Cumplir condena fuera del lugar de arraigo es una situación contraria a la ley, genera unos perjuicios muy graves”, prosigue Frances, que denuncia que están suspendidos los vis a vis en la cárcel de Pamplona y en otras 33 prisiones. “Las 184 personas presas navarras o con arraigo en Navarra que no están cumpliendo condena en Pamplona están distribuidas en 42 cárceles y un centro de inserción social. De estas 42 cárceles, 33 también están sin comunicaciones
vis a vis, así que el 80% de las personas presas navarras o con arraigo en Navarra con independencia que estén en Pamplona o en otras cárceles están en una situación de imposibilidad de contacto familiar a través de las comunicaciones vis a vis”.
PERJUICIOS DEL ALEJAMIENTO Para Gorka Garcia, “el alejamiento crea un desarraigo social y familiar importante. Pensamos que las personas presas que están fuera de su comunidad deberían cumplir sus condenas si así lo solicitan en la comunidad donde tienen el arraigo. Pero no solamente las navarras, sino de todas las comunidades. Sería una forma de facilitar las comunicaciones y de evitar que todos esos familiares que cada fin de semana se ponen en la carretera viajen, en una situación en la que por un lado se nos apela a la no movilidad por la pandemia, y esas mismas instancias nos hacen viajar a cárceles lejanas. Es un contrasentido”.
Libertad Frances comparte la premisa de que un contagio en prisión “podría ser mucho más perjudicial que en la calle, por la falta de atención sanitaria y por la salud más deteriorada de la gente que está en la cárcel”, pero dice que frente a esta consideración, “había muchas posibilidades y la secretaría general optó por la más restrictiva, cerrar a cal y canto las cárceles con la vulneración de derechos que eso ha conllevado. Desde los colectivos sociales veníamos pidiendo que se aplicara lo más respetuoso con los derechos humanos, que hubiera sido tender a la excarcelación y vaciar las cárceles. La secretaría general y el Estado español han evidenciado cuál es la línea política que lleva siempre respecto a la cuestión penitenciaria y penal, que es endurecer las condenas, y dificultar la salida de las prisiones. Tener a las medidas más restrictivas y menos respetuosas con los derechos humanos”.
“A pesar de que la cárcel tenga como función atribuida por la Constitución la resocialización y la reinserción, este pilar en general no guía la actuación de la secretaría”, critica Frances, que censura la suspensión de actividades “tan importantes” como la atención a la drogodependencia y a la salud mental. “Estamos hablando de cosas muy serias. Se cierra la cárcel para que no hay contagios pero luego la gente que entra de fuera, el personal funcionariado no tiene protección, ni hay dotación de personal médico suficiente”. Cuenta Frances que en la cárcel de Pamplona “ha habido durante este tiempo dos personas muertas, que no han sido noticia, y para nosotras son una consecuencia directa de la gestión del coronavirus, como la del preso navarro que murió en Zaballa o las muertes que está habiendo en cárceles del Estado”. Subraya que “el aislamiento brutal, la desatención a la drogodependencia y a la salud mental, y la falta de contacto con la familia”, ha endurecido el cumplimiento de las condenas, “y eso está trayendo sus consecuencias”. En su opinión, “las muertes en prisión siempre están unidas a la nefasta gestión, pero en este caso, creo que también por los perjuicios que en la práctica ha supuesto a la gente cumplir condena en estas condiciones”. ●
“De las posibilidades que había frente a la covid, siempre se han optado por las más restrictivas”
LIBERTAD FRANCES Salhaketa Nafarroa
“Se apela a la no movilidad y esas mismas instancias nos hacen viajar a cárceles lejanas”
GORKA GARCIA Etxerat