“No tenemos la facultad de inspeccionar la gestión de otra administración”
Recuerda que Navarra no tiene competencias penitenciarias, pero subraya una labor de seguimiento
PAMPLONA – “No tengo la facultad de inspección sobre lo que hace otra administración en el uso de sus competencias”, afirma el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, al que se le está “asegurando que se mantienen todas las normas de seguridad dentro de prisión”. Eduardo Santos recuerda que “la cárcel es muy vulnerable a este tipo de pandemias. Por lo tanto, un sistema difícil de gestionar desde un punto de vista epidemiológico, sobre todo porque los que están en peligro son los propios presos”. Santos afirma que se ha “interesado desde el principio por la gestión de la pandemia por parte de la dirección de la cárcel. Nos interesamos por que los presos no quedaran aislados totalmente y desasistidos, y planteamos que el servicio de orientación jurídico penitenciaria se pudiera dar de forma telefónica, en una conversación que tuve con el director de la cárcel para facilitarlo con el Colegio de Abogados. Luego fue el propio Colegio el que fue arbitrando esa posibilidad”.
Dice que “insistieron mucho” en que se potenciaran los terceros grados y las soluciones telemáticas. Que los presos que estuvieran fuera no tuvieran que volver a dormir a la cárcel, porque eso era un factor patógeno. Eso corresponde a Instituciones Penitenciarias arbitrarlo”. Santos admite que por parte de este organismo “ha habido poca apertura en ese sentido. Nos hubiera gustado que hubiera habido más”. El consejero foral explica que también se interesaron por las comunicaciones. “Y se nos aseguró que se iban a hacer vía teléfono móvil”, aunque critica que “se han arbitrado pocas terminales”. Santos afirma que está “en contacto permanente” con estos colectivos, con el director de la cárcel y con Instituciones Penitenciarias. Con las asociaciones afirma tener los “canales de interlocución permanentemente abiertos” y un “contacto totalmente normalizado y fluido”. “Estos colectivos saben que la consejería está abierta, hemos tenido alguna reunión telemática, conversaciones informales y encuentros en otros foros”, y dice que “periódicamente” les ha informado “de sus conversaciones con Instituciones Penitenciarias “en casos puntuales y concretos”. También ha habido contacto con el Departament de Justicia de Catalunya, única comunidad con competencia actual en prisiones, “para saber si sus medidas difieren mucho de las de la Administración General del Estado”, y “el planteamiento no es muy diferente”.
Para Santos, las asociaciones de apoyo a presos “saben cuál es la actuación general del Gobierno foral y de la Consejería de Justicia”, y dice que está prevista una próxima reunión en noviembre. Con Instituciones Penitenciarias dice que “va trasladando las preocupaciones que podemos tener, y en el ámbito de nuestras competencias ofrecer los medios y servicios convenientes en caso de que Instituciones Penitenciarias así lo considere”. “Yo puedo instar a hacer, y eso es lo que hago”.
Un seguimiento no solo de la situación en Pamplona. “Hay gente que tiene arraigo en un sitio y está cumpliendo en otro. Eso es lo que no deberíamos normalizar de ninguna de las maneras”, porque “la reinserción exige arraigo”. Sobre la disponibilidad de mascarillas o hidrogel Santos admite no tener “la certeza de lo que está ocurriendo. Si estas personas han hecho esa denuncia pública, supongo que la habrán planteado con datos claros. Tengo que ser prudente. No es una cuestión de mi competencia y estoy absolutamente seguro de que existe el mandato de utilizar las mascarillas y el hidrogel. ¿Alguien se lo está saltando puntualmente? No tengo ni idea. Se puede estar dando. ¿Eso es generalizado? Permítame que lo dude, por lo menos por lo que a mí me están transmitiendo. Tampoco quiero poner la mano en el fuego por nadie, pero no creo que haya una orden directa de ser permisivo ni de no utilizar mascarillas y geles, porque se la juegan”.
El consejero de Justicia recuerda que la transferencia total de prisiones no está contemplada en el acuerdo programático. “Sí estudiar un modelo de ejecución penal”, estudio que se está realizando, porque la competencia, por su complejidad, “no se puede asumir de la noche a la mañana”.