Mikel Irujo sustituirá a Ayerdi como consejero del Gobierno
En la actualidad es director de Acción Exterior de Navarra
PAMPLONA – Mikel Irujo Amezaga sustituirá a Manu Ayerdi al frente del departamento de Desarrollo Económico del Gobierno foral.
PAMPLONA – Mikel Irujo Amezaga será quien sustituya a Manu Ayerdi al frente del departamento de Desarrollo Económico cuando el actual consejero renuncie a su cargo.
Irujo es desde 2019 el director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Se trata, por lo tanto, de un hombre de la confianza de la presidenta María Chivite. Conoce bien los entresijos de la Administración, especialmente en el ámbito económico, ya que durante la pasada legislatura (2015-19) fue el delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas.
De acuerdo con el pacto de gobierno suscrito entre PSN, Geroa Bai y Podemos, corresponde a la coalición que lidera Uxue Barkos proponer a la persona que dirija el departamento de Desarrollo Económico. Aunque la última palabra para su nombramiento la tiene Chivite, en este caso se cuenta con su visto bueno.
De momento, no hay fecha para materializar este relevo, aunque no se descarta que sea inminente. Ayerdi, que forma parte del consejo de gobierno desde agosto de 2015, comunicó el pasado 15 de diciembre su “voluntad firme de dimitir” si llega el momento en que el Tribunal Supremo (TS) considere que tiene la condición de investigado.
Una condición que tanto los abogados de Ayerdi, como la asesoría jurídica del Gobierno foral, consideran que no se da al menos a día de hoy, por mucho que desde Navarra Suma se incremente la presión para que el consejero querellado presente su dimisión o sea destituido por la presidenta.
Hasta el momento, el alto tribunal ha hecho públicos dos autos en relación con la querella presentada por UPN contra Ayerdi para que sean investigadas las actuaciones del consejero entre los años 2015 y 2017 en relación con la empresa Davalor Salud SL, a la que se le concedieron, a través de la empresa pública Sodena, seis préstamos por valor de 2,6 millones.
El Supremo comunicó el pasado 14 de diciembre la apertura de causa penal a Ayerdi para tratar de averiguar si detrás de sus decisiones podría existir un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos.
AYERDI, AL PALACIO DE JUSTICIA El TS emitió un segundo auto el 21 de enero en el que, además abrir diligencia previas y de solicitar una fianza de 10.000 euros a UPN para poder personarse como acusación popular, resolvía que se diera traslado de la querella a Ayerdi y que se le instruyera de sus derechos de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con el fin de dar cumplimiento a este último punto, Ayerdi acudió a última hora de la mañana de ayer al Palacio de Justicia, donde la letrada de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) le entregó un exhorto que contiene el acta de instrucción de derechos. Pese a que se difundió por algunos conductos que habían leído los derechos al querellado, no fue así, ya que se trata de un trámite que solo puede hacerse con asistencia letrada y Ayerdi acudió en solitario.
La presencia de Ayerdi en el Palacio de Justicia dio pie a que se pensara que se le pudiera haber comunicado que pasaba a estar investigado, lo que precipitaría su dimisión, pero no fue el caso. De hecho, el procedimiento judicial se encuentra en el mismo punto en el que quedó la semana pasada, ya que tampoco ahora el TS le ha puesto expresamente que esté investigado.
No lo entiende así la derecha, que volvió a la carga en el pleno del Parlamento, donde Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma) sostuvo, de manera equivocada, que a Ayerdi le habían “leído los derechos como investigado por corrupción”. Añadió que “podían haber evitado este bochorno para el Gobierno de Navarra si hubiesen actuado con diligencia en el cumplimiento de la ley”, antes de asegurar que el documento de la Dirección General de Presidencia que avala la posición de Ayerdi no es un informe jurídico porque carece de antecedentes, normativa aplicable, fundamentos jurídicos y conclusiones. Muniáin volvió a decir que el consejero debería haber dimitido.
Por el contrario, el vicepresidente Javier Remírez subrayó que “el Gobierno se guía por lo dicho por su asesoría jurídica y no por lo que puedan decir terceros”. ●