La pandemia en los tribunales
Los datos del INE registran la mayor caída de la economía española desde la Guerra Civil pero combatir en los tribunales las medidas públicas que limitan la actividad del sector del ocio no va a acelerar la solución
Esta semana ha ofrecido datos que permiten incorporar al impacto humano y emocional de la pandemia la vertiente económica de los efectos de las sucesivas olas de covid-19. Cierto es que la evolución de la estadística en Navarra está siendo mejor que en el contexto del Estado pero no cabe ocultar la gravedad del momento pese a constatar menores tasas de paro, mayor recaudación fiscal de la esperada o menor caída del PIB. En el Estado, la caída del Producto Interior Bruto es la mayor en un año desde la Guerra Civil. De esa dimensión es el impacto de la caída de la actividad, el consumo y la disponibilidad económica de las familias. En esta guerra, la primera línea de batalla la soporta la ciudadanía en su conjunto y, más allá de las víctimas directas de la enfermedad, su calidad de vida. Se ha puesto una vez más en evidencia que las economías con un mayor peso de la industria están soportando el castigo con mayor entereza y menos pérdida de empleos. Y, también, que los servicios son el sector que más sufre. Lamentablemente, de entre ellos el ámbito más relacionado con el ocio y el tiempo libre es el más afectado porque el enemigo medra en las reuniones. Son sectores –la hostelería y el comercio, el espectáculo, la cultura y el turismo– a los que no cabe abandonar ni pueden asumir en solitario el coste de esta crisis. Para ello, las ayudas publicas, que existen y están constantemente reforzadas, son condición necesaria pero sin duda no suficiente. Como sociedad, los mecanismos de rescate y asistencia de los que nos hemos dotado no pueden ser sustitutivos de la actividad. Son un salvavidas coyuntural para asistir a las personas pero no para socializar las pérdidas sectoriales, por doloroso que resulte tener que afrontar este hecho. En ese contexto, por comprensible que resulte la frustración del sector, es difícil compartir la judicialización con la que buscan tumbar las medidas de protección colectiva como el cierre de locales para evitar la propagación de la pandemia. Es una pauta repetida y no resuelta, con criterios dispares en las resoluciones judiciales y que amenazan con llevarnos a una espiral de inseguridad por medio de demandas contra decisiones de las administraciones que, a su vez, son instadas a primar la salud sobre otras consideraciones. Ayudaría un mayor compromiso con el bienestar colectivo, que condene sin laxitud actitudes que derivan en prácticas que favorecen el contagio. ●