Una decisión responsable, una dimisión inevitable
UPN hace del caso Davalor una causa contra Ayerdi, aun a costa de descabezar un departamento clave en medio de la pandemia
PAMPLONA – La salida de Manu Ayerdi se había convertido en una cuestión de tiempo. Más allá del debate sobre si el consejero está o no formalmente investigado como recoge la ley como motivo de dimisión –el Supremo no ha aclarado la consulta realizada por los abogados del exconsejero–, el contexto hacía su continuidad difícilmente sostenible. “Prolongar esta situación no es bueno para mí, para mi entorno ni para la estabilidad institucional que necesita Navarra”, admitió ayer.
Una decisión responsable que resta presión al Gobierno de Navarra en medio de la pandemia. Pero también inevitable. La campaña de la derecha apuntaba ya a la presidenta, incomodando cada vez más al PSN, y el proceso en el Supremo se podía alargar todavía varios meses más. Un escenario poco deseado que acabó por precipitar los acontecimientos el jueves de forma consensuada entre el PSN, Geroa Bai y el propio Ayerdi.
La polémica no es nueva. Davalor es una operación fallida de Sodena sobre la que ha habido comparecencias en el Parlamento, una comisión de investigación, un informe de Comptos y hasta un proceso judicial contra el administrador que acabó con condena en el Juzgado de lo Mercantil por no declarar a tiempo el concurso de acreedores. Pero sin consecuencias penales y sin que se hayan observado actuaciones delictivas por parte del Gobierno.
Queda pendiente el recorrido judicial, pero por ahora sobre la mesa solo están las acusaciones de “prevaricación” y “malversación” que UPN ha llevado al Supremo. Y no de forma casual. Ambos delitos están recogidos en la ley que regula el Gobierno, por lo que la mera admisión a trámite, más allá de su resultado final, daba argumentos políticos para reclamar su dimisión. El objetivo siempre ha sido la acusación, no la condena.
UNA OPERACIÓN POLÍTICA La estrategia de UPN ha vuelto a quedar en evidencia esta semana con las urgencias mostradas por su presidente, Javier Esparza, que ha llegado a amenazar a María Chivite con otra querella por prevaricación si no cesaba a Ayerdi. Aun a costa de descabezar un departamento clave en medio de una crisis que todavía será larga, y que ahora habrá que recomponer. De momento, el nuevo consejero, Mikel Irujo, no tomará posesión hasta el próximo miércoles.
La dimisión de Ayerdi supone además un precedente peligroso para todos los miembros del Gobierno, que pueden convertirse en foco de querellas políticas con el único objetivo de buscar la inestabilidad mediante su dimisión. Es lo que se conoce como Lawfare, una guerra jurídica con el único fin de dañar la imagen del oponente. Y en un sistema judicial tan politizado como el español, resulta especialmente arriesgado dejar toda una carrera política en manos del juez de turno.
Así lo ha entendido Podemos, que ha modificado sus estatutos para vincular la dimisión a la apertura de juicio oral, no a solo a la investigación. Y así lo recoge también el código ético del PSOE. Se da la circunstancia además de que, con la reforma de la Ley del Enjuiciamiento Criminal que tramita el Congreso, los partidos políticos ya no podrán querellarse contra otros cargos públicos, por lo que en unos meses denuncias como la de UPN ya no será posibles.
No es el caso de Ayerdi, que ve cómo su querella ha llegado ya más lejos que la de las dietas de Caja Navarra, cerrada sin dimisiones y de forma rápida por el Supremo pese a que los hechos denunciados partían de un juez de instrucción y no de un partido con intereses políticos en la causa. Y desde luego mucho más que cualquier otra operación fallida de Sodena durante la etapa de UPN. Alguna de ellas con actuaciones bastante más atípicas que la de Davalor.
Se abre ahora un proceso judicial incierto que va a depender en gran medida de las decisiones que adopte el juez instructor. Ayerdi se mostró ayer “tranquilo”, y convencido de que se trata de una querella “totalmente infundada” que no va a tener mucho recorrido. No es la opinión de UPN, que ya ha anunciado que solicitará la citación como testigos de los principales responsables del Gobierno anterior en una causa de claro fin partidista a la que tratará de dar la mayor difusión mediática posible.–