Ayuntamientos en la gestión del agua

Los ayuntamientos tienen la competencia respecto a la gestión del agua a su población. Pero una población de baja entidad poblacional no puede estar regulándose un servicio tan necesario, y vital, por su cuenta, con garantías de suministro continuado y calidad, porque no dispone de los medios necesarios para hacer de la eficiencia el principal fundamento de ese servicio. Eficiencia que no puede darse sin el concurso de personal técnico adecuado, con los recursos adecuados, que controle (mediante el registro, interpretación de datos y decisiones) los suministros en alta y en baja, mantenga preventivamente todas las infraestructuras, e intervenga de modo rápido y eficaz ante cualquier tipo de anomalía, para su subsanación en tiempo y forma. Personal técnico adecuado, y recursos, que con su propio presupuesto no se puede permitir. Toda obra de renovación, rehabilitación o reforma para mejorar el sistema que tiene (que, lógicamente, le vendrá a través de subvenciones de la entidad de gobierno correspondiente), está destinada a tener una corta vida útil, mientras se mantenga su déficit de gestión técnica, haciendo que la inversión inicial no alcance los objetivos deseados, y que los problemas sigan apareciendo, ocasionando los perjuicios correspondientes a los usuarios del servicio y a la propia comunidad que, con sus impuestos, ha hecho frente a unos costes no aprovechados. Y que tendrá que volver a sufragar nuevas intervenciones, para volver en pocos años al punto de salida, nuevamente. Por eso, es imprescindible que este tipo de entidades municipales se integren en otras de carácter supramunicipal, que cuenten con esos recursos de gestión, por economía de escala, que logre (o tienda a lograr) el mejor servicio, con todas las garantías que debe dar un conjunto competente e implicado, que se debe a ello por el sueldo que cobra del conjunto social. Sólo de esta manera se puede conseguir el objetivo deseado.

Esas entidades supramunicipales existen en nuestra Navarra (unas más grandes y otras más pequeñas, en función de su rango poblacional) y dan unos resultados que pueden verse y auditarse. Hoy por hoy, no he oído/leído quejas de una sola población que se haya integrado en ellas y no haya salido beneficiada, tanto en las garantías comentadas, como, en muchas de ellas, en su propio desarrollo urbanístico (poblacional e industrial). Pero existen otras muchas poblaciones (y hablo de incluso más de 3.500 habitantes, que en Navarra pueden considerarse grandes) que siguen dependiendo de sí mismas, con todos los inconvenientes comentados. Y que no pueden optar, hoy por hoy, a integrarse en una entidad de servicios supramunicipal (sigo hablando del ciclo integral del agua) que mejore sus condiciones. Hoy por hoy, esto no debiera darse, y es responsabilidad del gobierno autonómico. Ni se puede atentar contra entidades ya creadas, solventes y eficientes (como, a mi juicio, se desprendía de aquel “Mapa Local” del cual ya no se sabe nada), ni se puede seguir dejando de lado a unas poblaciones que tienen tanto derecho, como cualquiera, a tener unos servicios dignos, bien gestionados, que les puedan hacer olvidarse de los contratiempos de los suministros, sus costes constantes y el descrédito que sufre su agua de grifo.

Del mismo modo que abogo por las poblaciones en esas circunstancias, discrepo totalmente (y no lo puedo entender) de aquellas que teniendo la posibilidad de integrarse en una de estas entidades supramunicipales, no lo hacen. Máxime si sus recursos no tienen calidades adecuadas, abocando a su población a no usarla para boca (un agua puede ser potable –que significa cumplir unos determinados parámetros sanitarios, manteniendo un rango mínimo, obligado, de cloro residual– y no por ello, ser apetecible), y asumir unos costes que tengo muy serias dudas de que conozcan, o hayan valorado, en toda su extensión. Teniendo en cuenta, además, que esos controles sanitarios, a pesar de poder cumplir un mínimo de supuesto control efectivo, pueden verse interferidos por situaciones que devengan en problemas puntuales, derivadas directamente de la degradación o contaminación de sus recursos de origen. A quienes gestionan políticamente estas poblaciones, que pueden acceder a unos servicios de calidad y no lo hacen, les pediría que hagan un balance de sus problemas, saquen cuentas debidamente (teniendo en cuenta todo) y analicen su realidad, dejando de lado cualquier otro interés. A quienes aboguen por seguir por su cuenta, con el discurso de que la entidad supramunicipal no les va a dar el servicio adecuado y van a salir perdiendo, no tienen más que ver la realidad en las poblaciones que sí decidieron la integración. Esa entidad supramunicipal está obligada a dar un servicio de la máxima eficiencia, garantizando suministro y calidad. Y está dirigida/auditada por órganos de gobierno político, obligados a hacer frente a aquello que pueda ser deficitario por cualquier devenir de la gestión técnica. No lo olvidemos. ●

El autor es ingeniero técnico y experto en el ámbito del agua