El exsecretariado de las FARC admite crímenes de guerra y de lesa humanidad
Los revolucionarios asumen su responsabilidad porque aseguran que tienen un “compromiso moral”
MADRID – El exsecretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-ejército del Pueblo (FARC-EP) admitió formalmente el viernes su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP imputó el pasado enero a ocho exdirigentes de la extinta guerrilla y estos reconocieron de forma individual su responsabilidad frente a estos crímenes en un documento.
Entre los firmantes de dicho documento se encuentran el actual líder de Comunes, el partido surgido de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Pastor Alape; Jorge Torres, alias Pablo Catatumbo; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada; Rodrigo Granda Escobar, conocido como Ricardo Téllez; Milton de Jesús Toncel, apodado Joaquín Gómez; Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo.
Alape señaló que “más allá de errores, fueron transgresiones al Derecho Internacional”. “En nuestra condición de revolucionarios tenemos el compromiso ético y moral de asumir la responsabilidad y de marcar un direccionamiento hacia el futuro para que no se repita esta tragedia y sigamos avanzando en la construcción de la paz”, añadió.
Por su parte, el expresidente, Juan Manuel Santos, reaccionó a este mensaje asegurando que “la contribución a la verdad, con el reconocimiento de las FARC de su responsabilidad en los secuestros, es un paso muy importante hacia la reconciliación”, según Caracol Radio.
La acusación de la JEP fue uno de los movimientos más significativos desde que se creó el organismo en 2017, un año después de los acuernes dos de paz ratificados en La Habana, y en los cuales la guerrilla dejaba las armas para participar en la sociedad civil a través de la vía política.
El conocido como caso 01, abierto en octubre de 2018, contempla casi 21.400 secuestros y “graves privaciode la libertad” cometidos por las FARC entre 1993 y 2012, aunque la mayoría de estos delitos, apunta, se cometieron entre 1998 y 2002.
La JEP los acusa de coautores de las torturas, violencia sexual y los atentados a la dignidad personal.