Un plan de país para la clase trabajadora
La clase trabajadora es la fuerza que mueve el mundo. Así ha sido siempre, y así seguirá siendo. Desde los primeros agricultores a la revolución industrial; desde los avances médicos y científicos al sostenimiento de las ciudades, del campo y del tejido productivo; desde la economía de servicios a la economía social y de cuidados… La fuerza de una sociedad se define por la fuerza de su clase trabajadora. Si ellos paran, el mundo se desmorona. Su papel es central en las sociedades, y si para algo ha servido esta pandemia, ha sido para evidenciarlo en toda su crudeza. Nunca hicieron tanta falta los trabajadores en nuestra historia reciente, y nunca hubo tanta necesidad de protegerlos como el bien preciado que son. De ahí la magnitud del escudo social desplegado por el Gobierno progresista para hacer frente a la triple crisis sanitaria, económica y social que trajo consigo esta pandemia.
El objetivo era y es claro: no dejar a nadie atrás. Y esa, y no otra, ha sido la gran diferencia con anteriores crisis. Especialmente con la crisis financiera de 2008, sobre cuyo horizonte degradado por la austeridad y los recortes vino a golpear el covid-19. Frente a las recetas liberales de la derecha, que solo trajeron a España desigualdad y pobreza, el Gobierno ha apostado por desarrollar y extender una red de protección social inédita, ha aprobado los presupuestos generales más sociales de la historia y ha liderado el cambio de paradigma en la UE que ha supuesto el histórico fondo de 750.000 millones para ayudas a los países, y de los que 140.000 irán para España.
Todos los esfuerzos y recursos del Ejecutivo han ido destinados, además de a controlar la emergencia sanitaria y social, a la defensa del empleo y los derechos de los trabajadores para que nadie se quede fuera; para que nunca más un contexto de crisis pueda volver a ser la excusa para más precariedad y desigualdad.
Hemos subido el SMI, hemos establecido el Ingreso Mínimo Vital, hemos aprobado prestaciones y creado una línea de ayudas directas para autónomos y empresas dotada con 7 mil millones de euros, se han distribuido los 16.000 millones no reembolsables a las CCAA, entre muchas otras medidas. Pero si hay un instrumento que se ha mostrado sobradamente eficaz a la hora de proteger el empleo, han sido los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la covid-19. Sin ellos, más de 608.000 empresas habrían cerrado y más de 3,6 millones de trabajadores se habrían quedado sin empleo. Por eso, de la mano de los agentes sociales, el Ejecutivo está trabajando en una nueva prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo. Porque la prioridad es la protección del tejido productivo y la recuperación económica, así como la protección y la creación de empleo de calidad y con derechos. Para ello, es preciso sembrar las bases de las transformaciones necesarias para el futuro, tanto en el corto, como en el medio y largo plazo. Y de ahí la inmensa importancia del Plan de recuperación, transformación y resiliencia aprobado por el Gobierno esta semana y enviado a Bruselas. Junto a la vacunación, que es la mejor política económica y que ahora avanza a velocidad de crucero, este plan es clave para responder a importantes retos de futuro comunes al conjunto de economías mundiales, relacionados con la transición ecológica, la digitalización, los cambios demográficos y la despoblación de parte del territorio.
No es solo la herramienta necesaria para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que España recibirá hasta 2026, sino que es el plan económico más ambicioso que ha tenido nuestro país. Se trata del mayor paquete de reformas e inversiones de nuestra historia, un hito comparable a la oportunidad que supuso para España su ingreso en la UE, hace ya 37 años.
Si los socialistas protagonizamos la primera gran transformación de España tras la restitución de la democracia, este plan está llamado a ser la segunda gran modernización del país. Un proyecto con los trabajadores como epicentro para recuperar la economía en el corto plazo y hacerla más competitiva y sostenible en el futuro. Pero también para responder a la realidad del siglo XXI desde el punto de vista medioambiental, digital, territorial y social. Es un proyecto de país, y el alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea, una vez aprendidas las lecciones del pasado, es total. En este contexto, la mejora del funcionamiento del mercado laboral español es un objetivo crucial para el bienestar económico y social. Es preciso abordar las reformas necesarias, y el diálogo social es la herramienta clave.
Afortunadamente, no estamos solos, y el cambio de paradigma europeo ha calado también al otro lado del Atlántico. En su primer discurso ante el Congreso, esta semana escuchamos al presidente de EEUU afirmar que ese país no lo construyó Wall Street, sino la clase media. “Y los sindicatos constituyen la clase media”, recordaba, al tiempo que defendía las organizaciones sindicales y el derecho a pertenecer a ellas.
Los socialistas lo sabemos bien, porque nuestro compromiso con los trabajadores se remonta a su nacimiento, del que la próxima semana cumpliremos 142 años. La historia del PSOE es la historia de la lucha por los derechos de la clase trabajadora. De ella nacimos, y a ella nos debemos. Desde la primera manifestación del 1 de Mayo para exigir la jornada laboral de ocho horas y el fin del trabajo infantil, a la presión de la acción obrera para la implantación del descanso dominical o la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahora, como siempre, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con el futuro de nuestro país. Es una tarea colectiva, y España merece que afrontemos esta oportunidad con altura de miras. ●
La historia del PSOE es la historia de la lucha por los derechos de la clase trabajadora. De ella nacimos, y a ella nos debemos