El Parlamento da el ‘ok’ a que el Defensor tenga más autoridad
Podrá multar a las instituciones que no remitan información útil para resolver quejas ciudadanas
PAMPLONA – El Defensor del Pueblo, Javier Enériz, podrá multar a aquellas instituciones que no colaboren con la remisión de información útil para resolver las quejas ciudadanas, que en los últimos años han ido a más.
Todos los partidos suscribieron una proposición de ley que fue admitida a trámite este lunes que introduce un único artículo en la Ley Foral 4/2000 del Defensor del Pueblo. En ese cambio legislativo, los grupos del parlamento sugieren incorporar un apartado específico que habilite al Defensor del Pueblo para que pueda iniciar, de forma autónoma, procesos de sanción contra aquellas instituciones que tarden mucho o se nieguen a aportar documentación importante que precisa el Defensor del Pueblo para resolver las quejas ciudadanas.
Concretamente, el artículo único estipula lo siguiente: la potestad del Defensor del Pueblo para imponer multas coercitivas de 1.500 euros a las administraciones o entidades responsables que no colaboren con la remisión de información. Estas multas se pueden reiterar cada veinte días hasta el cumplimiento íntegro de lo requerido.
Otra opción que introduce el cambio es la posibilidad de que el Defensor del Pueblo “haga pública la actitud incumplidora de las administraciones o entidades que resulten responsables, algo que se haría en la página web, pero que también se trasladaría a los medios.